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Alternativas para las Américas

-Hacia la construcción de un acuerdo hemisférico de los pueblos-

Reconocimientos
Prólogo
Introducción/Resumen
Principios generales
Derechos humanos
Medio ambiente
Laboral
Migración
Rol del Estado
Inversión extranjera
Finanzas internacionales
Derechos de Propiedad Intelectual
Desarrollo energético sustentable
Agricultura
Acceso a mercados y reglas de origen
Cumplimiento y resolución de disputas
Comentarios

Reconocimientos
indice
Este documento ha sido elaborado con la participación colectiva de muchas personas, y la lista es tan extensa que no podríamos nombrarlas a todas. En el transcurso de varios años han participado cientos de personas en las discusiones, en la producción y elaboración de borradores y en actividades educativas y de organización en torno a la búsqueda de una visión alternativa para nuestro hemisferio. En gran medida, este documento representa una síntesis de esos esfuerzos.

Las personas con mayor responsabilidad en la redacción, revisión y coordinación del documento son los siguientes:

Sarah Anderson (Institute for Policy Studies, Estados Unidos)
Alberto Arroyo (RMALC/UAM, México)
Peter Bakvis (CSN, Quebec/Canadá)
Patty Barrera (Fronteras/Comunes/Common Frontiers, Canadá)
John Dillon (Ecumenical Coalition for Economic Justice, Canadá)
Karen Hansen Kuhn (Development GAP, Estados Unidos)
David Ranney (Universidad de Illinois/Chicago, Estados Unidos)

También contribuyeron de manera significativa a la redacción y revisión:

Quebec: Marcela Escribano (Alternatives/ RQIC), Dorval Brunelle (Groupe de Recherche sur l'Intégration Continentale-UQAM), Luc Brunet (CEQ), Robert Demers (FTQ), France Laurendeau (FTQ), Hélène Lebrun (CEQ).

Estados Unidos: John Cavanagh (Institute for Policy Studies), Terry Collingsworth (International Labor Rights Fund), Rob Scott (Economic Policy Institute), Lance Compa (Universidad Cornell).

México: Andrés Peñaloza (RMALC), Teresa Gutiérrez (UNAM), Luz Paula Parra R. y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Hilda Salazar (Desarrollo, Ambiente y Sociedad/RMALC), Alejandro Villamar (RMALC), Bertha Luján (FAT/RMALC), Juan Manuel Sandoval y el Seminario Permanente de Estudios Chicanos, Matilde Arteaga Zaragoza (FAT/RMALC) y aquellas personas que presentaron propuestas en el Foro de la Mujer en la Cumbre de Santiago.

Centroamérica: Raúl Moreno y Alberto Enríquez (FUNDE, San Salvador)

Canadá: Sheila Katz (Canadian Labour Congress/Congreso Laboral Canadiense), Ken Traynor (Canadian Environmental Law Association), John Foster (Universidad de Saskatchewan/ Fronteras Comunes), Tony Clarke (Polaris Institute), Bruce Campbell (Canadian Centre for Policy Alternatives), Carlos Torres, Daina Z. Green, la Ecumenical Coalition for Economic Justice y la Directiva de Fronteras Comunes

También quisiéramos agradecer el aporte de:

Renato Martins (CUT-Brasil), Coral Pey y RECHIP (Red Chile por una Iniciativa de los Pueblos), CETES (Centro de Estudios sobre Transnacionalización, Economía y Sociedad, Chile).

Traducción:

Inglés/español: Daina Z. Green, Carlos Torres
Francés: Philippe Duhamel
Portugués: Vincente Di Melo

Prólogo

Del 15 al 18 de abril de 1998 se congregaron aproximadamente 1,000 hombres y mujeres de casi todos los países del hemisferio en la Cumbre de los Pueblos de las Américas en Santiago de Chile. Nos reunimos para expresar nuestro rechazo colectivo a la agenda neoliberal dominante que promueve la liberalización del comercio y la inversión, la desregulación, la privatización y políticas económicas dirigidas por el mercado como fórmula para el desarrollo. La Cumbre de los Pueblos se centró en la construcción de una alianza hemisférica social en torno a alternativas concretas y factibles, al tiempo que los presidentes y primeros ministros de nuestras naciones se reunían con el propósito de negociar el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Es de suponer que el ALCA seguirá los pasos de los acuerdos anteriores, como el TLCAN, expandiendo el alcance del neoliberalismo en el hemisferio. El presente documento expresa nuestra determinación de construir una alternativa al ALCA con base en las propuestas descritas a continuación.

Detrás de este esfuerzo por encontrar alternativas está nuestra convicción de que el modelo económico neoliberal ha sido un desastre para la mayoría de los habitantes del hemisferio:

Las campesinas y los campesinos, que antes alimentaron a sus naciones y sus familias, están hoy obligados a arriesgarse, exportando cultivos comerciales, para atraer divisas y abastecer a la gente adinerada del Norte de carne y verduras frescas durante todo el año. La sustitución de cultivos ha tenido por resultado hambre para muchos y una calidad inferior de alimentos para otros, además del éxodo de sus tierras de cientos de miles de pequeños productores.

La creciente dependencia sobre productos de exportación ha contribuido a la grave situación de los campesinos sin tierras, sobre todo en los países donde las tierras de cultivo están concentradas en las manos de muy pocos dueños. En Brasil, por ejemplo, a pesar de las promesas de reforma agraria de hace varios decenios, 1% de los terratenientes controla el 44% de la tierra. En la última década, milicias privadas y policías han dado muerte a varios cientos de campesinos sin tierras que participaban en la ocupación pacífica de terrenos baldíos o subutilizados que pertenecían a los terratenientes.

Con la disminución de la agricultura de subsistencia, muchos indígenas y mujeres jóvenes se han visto obligados a emigrar a las zonas de procesamiento de exportaciones (zonas libres) del hemisferio, sobre todo en México y América Central, donde reciben sueldos de hambre. Viven en condiciones miserables y a menudo son víctimas de hostigamiento sexual. Las largas jornadas afectan las relaciones familiares y limitan sus posibilidades de educación.

Muchos campesinos forzados a abandonar sus tierras de cultivo se dirigen a las ciudades del hemisferio en busca de trabajo. Lo que la mayoría encuentra es desempleo y pobreza, al integrarse a la llamada economía informal. Este sector está creciendo producto de la eliminación de gran parte de la industria manufacturera nacional por la penetración de empresas transnacionales y por regulaciones que prohiben medidas de fortalecimiento de la economía nacional.

Otros campesinos desplazados se van hacia el norte, donde se topan con la militarización de la frontera entre México y Estados Unidos, nuevas leyes que atropellan sus derechos civiles y una histeria racista promovida por políticos de derecha y sus electores.

Las reglas neoliberales de desregulación de los mercados de capital, junto con las nuevas tecnologías de telecomunicaciones, han producido la apertura de nuestras naciones al dinero "caliente". Los especuladores ponen y retiran su dinero de nuestros países a su antojo, dejando la miseria detrás de ellos, con tasas de interés usurarias y devaluaciones de la moneda nacional que diezman el poder adquisitivo de nuestros ingresos y reducen drásticamente las oportunidades de trabajo con sueldos dignos.

Las trabajadoras y los trabajadores de todo el continente, incluyendo a los Estados Unidos y Canadá, han sentido el dolor que acompaña la eliminación de cientos de miles de puestos de trabajo con sueldos decentes en el sector manufacturero. Para muchos de ellos ha sido imposible encontrar un trabajo equivalente. Sus hijas e hijos se enfrentan a un futuro sin trabajo, de empleo eventual o de media jornada, con un sueldo por debajo del costo de la vida en sus países.

Los gobiernos destruyen las empresas públicas y cortan los subsidios para la vivienda, a la vez que el número de los y las "sin casa" aumenta vertiginosamente. Los recortes han repercutido en forma desmedida sobre las mujeres, sobre todo las mujeres pobres. Se están eliminando las prestaciones de apoyo a los costos de subsistencia básica, como son alimento, vestuario y atención médica. Estas prestaciones fueron conquistadas por las trabajadoras y los trabajadores después de largas luchas. Hoy se envía a la gente a buscar empleos que no existen. Al mismo tiempo, se llama a los gobiernos a cuadrar el presupuesto público. Ello disminuye los fondos destinados a programas de salud, educación y transporte público, los cuales son sometidos a la privatización, eliminados o drásticamente recortados.

En todo el hemisferio existe un sector de la población que se está beneficiando de las políticas neoliberales. Los especuladores, las transnacionales y quienes sirven a éstos se pronuncian sobre las maravillas del mercado. Sin embargo, durante los últimos 25 años, la mayoría de nosotros hemos presenciado permanentes reducciones en los niveles de vida y, en muchos casos, la miseria más absoluta.

El neoliberalismo en nuestro hemisferio surgió de un sangriento golpe de estado apoyado por los Estados Unidos, que colocó en el poder al general Augusto Pinochet. En el marco de las secuelas del golpe, Pinochet invitó a los economistas de la escuela de Chicago a imponer reglas para el desarrollo de Chile que coincidieran con los intereses de quienes habían apoyado el golpe. Pinochet utilizó el terrorismo de estado para imponer tales reglas. Un cuarto de siglo más tarde, el presidente estadounidense William Clinton de los Estados Unidos llega a Santiago con ocasión del inicio de las negociaciones del ALCA y proclama a Chile "modelo para el hemisferio". Sus loas revelan que las intenciones del más poderoso gobierno de las Américas son las de usar el ALCA para promover la versión neoliberal más extrema. En contraste el presidente de la ORIT, Luis Anderson, afirmó al día siguiente en la Cumbre de los Pueblos que, "cuando los niños tienen que mendigar alimentos, queda claro que Chile no es el modelo".

El neoliberalismo implica la imposición de un conjunto de reglas que se aplican no sólo a la economía sino también al tejido social de nuestras sociedades. El punto para nosotros no es, entonces, libre comercio vrs protección o integración vrs aislamiento, sino cuáles reglas van a prevalecer y quiénes se van a beneficiar de ellas.

La Cumbre de los Pueblos en Santiago dejó de manifiesto que existe un creciente movimiento de resistencia. Es un movimiento de los pueblos de las Américas que les dice a esos líderes políticos, a los especuladores financieros y a las corporaciones transnacionales que promueven el neoliberalismo, que su agenda es inaceptable. Es un movimiento de los pueblos de las Américas exigiendo respeto por su humanidad. Lo hacen afirmando que una alimentación nutritiva, un lugar confortable donde vivir, un medio ambiente limpio y sano, educación y salud son derechos humanos. Y declaran que el respeto por los derechos de los trabajadores, de las mujeres, de los pueblos indígenas, de los pueblos negros dentro y fuera de las fronteras nacionales deben estar al centro de cualquier proceso de integración.

Quienes apoyan el modelo neoliberal intentan minar la resistencia de los pueblos de las Américas de diferentes maneras. En los Estados Unidos, las grandes corporaciones han lanzado una masiva campaña de propaganda para "educar" al público sobre los beneficios del libre comercio. Como respuesta extrema, varios países han utilizado el Estado Nación como instrumento de terror contra sus propios pueblos: el neoliberalismo nacido de la sangrienta dictadura de Pinochet. Disfrazada de "guerra contra la droga", los esfuerzos de contrainsurgencia a menudo inyectados por dinero, entrenamiento y equipamiento militar de los Estados Unidos, se han transformado en una plaga para nuestro hemisferio. Es más, la represión al movimiento popular en México, en América Central y América del Sur, es un intento de limitar las demandas de nuestras naciones. En ocasiones, esa represión ha tomado forma de terrorismo brutal, como es el caso de la masacre de Acteal en México, los asesinatos de miles de dirigentes sindicales y de los movimientos populares colombianos en los últimos años, así como el salvaje asesinato del obispo Gerardi de Guatemala. Aunque nuestros líderes políticos han condenado públicamente tal violencia, nos preguntamos si no habrán respirados aliviados, pues estos actos abominables sirven para silenciar a los que han desafiado y continuarán desafiando los ataques neoliberales.

Mientras las compañías transnacionales, los especuladores y los gobiernos que los apoyan continúan actuando en función de sus propios intereses, nosotros hemos empezado a unirnos superando fronteras y uniendo sectores sociales para oponer a esos intereses personales con aquellos intereses de las vastas mayorías de los residentes de nuestro hemisferio. Aunque la construcción de esta alianza social da recién sus primeros pasos, esta urgente tarea ha comenzado.

La historia nos enseña muchas cosas. Una de esas enseñanzas se puede encontrar en las palabras del gran emancipador afroamericano Frederick Douglass: "Si no hay lucha no hay progreso, el poder no concede nada si no le es exigido; nunca ha sucedido y nunca sucederá? Imaginen lo que la gente hubiese cedido en silencio y conocerán la medida exacta de los errores e injusticias cometidos. Los límites de los tiranos son determinados por la capacidad de resistencia de los que sufren la opresión."

Otra lección de la historia nos enseña que aunque la opresión sea sin medida no se puede contener que los pueblos reivindiquen su humanidad y actúen en función de ella.

La Cumbre de los Pueblos de las Américas no se limitó a decir no a las reglas neoliberales; también dio inicio a un diálogo sobre alternativas. Este documento es el producto de ese diálogo y está enraizado en las aspiraciones de los pueblos de nuestro hemisferio de vivir y desarrollarse como seres humanos integrales. Esta aspiración por construir una sociedad más igualitaria y dignificadora cruza el hemisferio y trasciende las fronteras nacionales. Tiene una larga tradición histórica en las Américas. Se remonta por lo menos a los tiempos de las luchas de independencia para constituir países libres en el hemisferio americano. Hace casi dos siglos que Simón Bolívar, líder del movimiento que liberó una gran parte de América del Sur del colonialismo, declaró: "Yo deseo más que otro alguno ver formar en América, la más grande, nación del mundo, menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria".

Alternativas para las Américas no es sólo una doctrina económica, sino también una propuesta para la integración social a través de las ideas, talentos y riquezas de todos nuestros pueblos para que puedan ser compartidas para nuestro mutuo beneficio. Este es un documento vivo que podrá ser modificado y ampliado en el ejercicio de nuestro derecho a continuar el debate y la discusión.

Introducción

indice
Este documento refleja un proceso colectivo y permanente para establecer alternativas concretas y viables al Área de Libre Comercio de las Américas, con base en los intereses de los pueblos de nuestro hemisferio. Es un segundo borrador del documento que se elaboró para la Cumbre de los Pueblos de las Américas, realizada en abril de 1998, que fue un encuentro histórico de organizaciones sociales y civiles de gran parte de nuestro continente decididas a cambiar el enfoque de las políticas de comercio e inversiones dominantes en el hemisferio occidental.

Se trata de un documento de trabajo destinado a promover el debate y los consensos, así como actividades educativas en torno a visiones alternativas. En esta etapa de la lucha ya no basta la oposición, la resistencia y la crítica; sino que debemos construir una propuesta propia y luchar por ella. Se centra en propuestas positivas, abordando sólo de manera implícita los impactos del neoliberalismo y acuerdos de libre comercio sobre nuestros países.

El documento aborda los temas principales que forman parte de la agenda oficial de los negociadores del ALCA (inversiones, finanzas, derechos de propiedad intelectual, agricultura, acceso a los mercados y resolución de disputas). Asimismo, abarca temas de importancia social que los gobiernos han tendido a ignorar (derechos humanos, medio ambiente, laboral, migración, rol del Estado y energía). La problemática de otros grupos importantes, mujeres y pueblos indígenas, ha sido integrada en el documento en su conjunto. El documento comienza con un capítulo sobre los principios generales que subyacen a nuestra visión alternativa, seguido por capítulos que exponen propuestas más concretas. Los temas y capítulos se complementan, por lo que se considera importante leer, estudiar y discutir el documento en su integridad.

¿Cómo se elaboró este documento?

La primera versión de este documento fue elaborada para la Cumbre de los Pueblos de las Américas realizada en Santiago de Chile en abril de 1998, en los días previos a la Cumbre para Jefes de Estado y de Gobierno (ver prólogo para mayores detalles). Seis organizaciones nacionales asumieron la responsabilidad de organizar el Foro de Alternativas Socioeconómicas dentro de la Cumbre de los Pueblos de las Américas: el Centro de Estudios sobre Transnacionalización, Economía y Sociedad (CETES-Chile), Fronteras Comunes/Common Frontiers (Canadá), Development Gap-Alliance for Responsible Trade (Estados Unidos), Instituto Brasileiro de Analise Social e Econômica (IBASE-Brasil), Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC-México), y el Réseau Québécois sur l'Intégration Continentale (RQIC-Québec).

Estas organizaciones solicitaron la colaboración de conocidos investigadores con años de estudio y reflexión sobre el proceso de globalización en curso y vinculados con movimientos sociales para que elaboraran propuestas sobre temas específicos. Otros especialistas fueron consultados para sugerir cambios o incorporar nuevos elementos. En total, más de 30 personas de ocho países aportaron al primer borrador. En el Foro sobre Alternativas Socioeconómicas para las Américas de la Cumbre de los Pueblos, unas 200 personas discutieron y llegaron a ciertos consensos sobre las líneas maestras de esta propuesta. Se decidió, sin embargo, continuar enriqueciendo el borrador mediante la incorporación de la discusión realizada durante este y otros foros de la Cumbre de los Pueblos y la integración de nuevas sugerencias y contribuciones. Para ello no sólo se revisaron los apuntes de todos los foros, sino que se tuvo un diálogo directo con algunas de las personas y organizaciones más involucradas en cada uno de ellos. Todo este trabajo se recoge en esta segunda versión del documento.

Cada capítulo refleja el nivel de discusión que se llevó a cabo sobre el tema en los foros de la Cumbre y en las organizaciones del continente, lo cual explica la variedad en profundidad y amplitud de las propuestas. El documento recoge los puntos considerados más viables sobre los cuales existe un consenso amplio. El enfoque ha sido sentar bases para una alianza incluyente; por lo tanto, las propuestas no dependen de ideologías específicas o posturas políticas. El documento también toma en consideración la diversidad de nuestras sociedades y presenta un conjunto de propuestas lo suficientemente flexibles como para abarcar toda la gama de condiciones e intereses nacionales. Se trata de un documento "vivo" que aquí se presenta para su consideración, con la esperanza de que las discusiones que de él emanen enriquezcan la próxima versión y reflejen mayores niveles de consenso hacia una propuesta alternativa de los pueblos de las Américas.

Resumen

Principios generales: el comercio y la inversión no deben ser un fin en sí mismo, sino instrumentos para el desarrollo justo y sustentable. Los ciudadanos no sólo debemos aprobar la orientación económica y social en el ámbito hemisférico, sino participar en su diseño, implementación y evaluación. Las metas centrales de estas políticas alternativas son el impulso de proyectos nacionales de desarrollo sustentables, el bienestar social y la reducción de desigualdades a todo nivel.

Derechos humanos: los países americanos vamos construyendo una agenda común de derechos humanos, la cual debe ser integrada a cualquier acuerdo continental, junto a los mecanismos e instituciones nacionales e internacionales para hacerlos cumplir plenamente. Esta agenda promueve la definición más amplia de los derechos humanos, abordando los civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, de género y ambientales, así como los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

Medio ambiente: los acuerdos hemisféricos deben permitir que los gobiernos canalicen la inversión hacia las actividades económicas sustentables desde el punto de vista del medio ambiente, a la vez que aseguren que los gobiernos establezcan planes para la internalización (consideración) paulatina de los costos sociales y ambientales de la producción y consumo no sustentables.

Laboral: los acuerdos hemisféricos deben incluir disposiciones que garanticen los derechos de los trabajadores y que promuevan el mejoramiento de las condiciones laborales y estándares de vida de los trabajadores y sus familias. Además, deben brindar asistencia apropiada para enfrentar los efectos de los ajustes producto de la apertura a los mercados.

Migración: los tratados económico-financieros deben incluir tratados migratorios. En reconocimiento a la gran diversidad en las situaciones relacionadas con la migración entre los países del continente, los acuerdos deben ser flexibles, permitiendo que cada país diseñe sus propias políticas de migración. Asimismo, deben incluir un mecanismo para otorgar subsidios internacionales en función de mejorar las oportunidades de empleo en zonas altamente exportadoras de mano de obra. A la vez, los gobiernos deberían asegurar que sus leyes laborales protejan de manera equitativa a la totalidad de las y los trabajadores, independiente de su condición migratoria, y sancionen severamente a los patrones que contravengan estos derechos.

Rol del Estado: los acuerdos hemisféricos no deben impedir la capacidad del Estado Nación de cumplir con las exigencias económicas y sociales de sus ciudadanas y ciudadanos. Al mismo tiempo, el objetivo de la regulación económica nacional no debe ser el proteccionismo tradicional, sino que debe servir para asegurar que las actividades económicas del sector privado promuevan un desarrollo justo y sustentable. En el mismo sentido, los acuerdos deben permitir a los Estados mantener las empresas públicas y políticas de adquisición en apoyo a los objetivos nacionales de desarrollo, al tiempo que combaten la corrupción dentro de los gobiernos mismos.

Inversión extranjera: las reglas hemisféricas deben promover inversiones extranjeras que generen empleos de alta calidad, producción sustentable y estabilidad económica. Al mismo tiempo deben permitir a los gobiernos regular o rechazar aquellas inversiones que no contribuyan al desarrollo, sobre todo los flujos de capital especulativo.

Finanzas internacionales: para promover la estabilidad económica, los acuerdos deben establecer un impuesto sobre transacciones de divisas para generar fondos aplicables al desarrollo. También deben permitir que los gobiernos establezcan impuestos a las utilidades especulativas, regulaciones sobre el tiempo mínimo de permanencia de las inversiones en un país e incentivos a la inversión directa y productiva. Para empezar a igualar el terreno se debe renegociar la deuda externa de los países con más bajos ingresos, aplicando una reducción al principal de la deuda externa, tasas preferenciales de intereses y pagos a más largo plazo.

Derechos de propiedad intelectual: los acuerdos deben proteger los derechos y la subsistencia de las y los trabajadores agrícolas y sus comunidades, que actúan como guardianes de la biodiversidad. No debe permitirse que los intereses corporativos menoscaben tales derechos. Las reglas deben excluir la patentabilidad de toda forma de vida y proteger la propiedad intelectual del saber colectivo de las comunidades y pueblos, especialmente en materia de plantas medicinales. Deben asegurar la protección de derechos de autor de las y los artistas, músicos, artesanos y otros trabajadores culturales y no sólo los de las industrias cinematográfica y discográfica.

Desarrollo energético sustentable: un acuerdo internacional debe permitir a sus signatarios el presentar demandas contra países que intenten obtener ventajas económicas a expensas de la sustentabilidad. Las instituciones internacionales deben cooperar en crear incentivos reguladores para promover la eficiencia energética y energía renovable, promover tecnologías asociadas a ellas y eliminar las políticas que subsidian y estimulan el aumento de ventas, consumo y utilización de combustibles fósiles.

Agricultura: en función de la seguridad alimentaria, los países deben tener el derecho de proteger o excluir alimentos básicos de los acuerdos comerciales. Las medidas hemisféricas deben apoyar la homologación hacia arriba de los subsidios a la agricultura (a niveles de porcentaje del PIB), protecciones para trabajadoras y trabajadores agrícolas y los derechos consuetudinarios de los pueblos indígenas de vivir de sus tierras.

Acceso a mercados y reglas de origen: el acceso a los mercados para las inversiones y los productos foráneos debe ser definido y evaluado en el marco de los planes nacionales de desarrollo. Los plazos para la desgravación arancelaria deben ir acompañados de programas para asegurar que en los tiempos pactados las industrias nacionales devengan competitivas. Las normas no arancelarias deben incluir medidas para asegurar que reflejen legítimos intereses sociales y no protecciones para empresas específicas.

Cumplimiento y resolución de disputas: para que las reglas y normas propuestas sean sustanciales, deben ir acompañadas de mecanismos sólidos que aseguren la resolución de controversias y el cumplimiento de los acuerdos. Los mecanismos deben enfocarse a la reducción de desigualdades y basarse en procesos justos y democráticos. Los acuerdos pueden incluir salvaguardas especiales para países que estén sufriendo los efectos del auge de importaciones.

Principios generales

Antecedentes

Ningún país puede ni debe permanecer aislado de la dinámica de la economía mundial, pero esto no significa que la orientación teórica del libre comercio sea la única ni mucho menos la mejor forma de insertarse en la globalización. La dinámica de la economía y del comercio mundial es una realidad a considerar en cualquier esfuerzo destinado a elaborar un proyecto de país si se quieren plantear programas viables y sustentables. Pero nos oponemos a permitir que el mercado mundial defina, con la anuencia de nuestros gobiernos, el futuro de nuestros países y de nuestros pueblos. El lugar que nos han asignado en este sistema económico globalizado no es aceptable. Debemos construir democráticamente en nuestros países un proyecto nacional de desarrollo sustentable y desde ahí insertarnos en la dinámica económica mundial.

Según el enfoque dominante de libre mercado (contenido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la agenda de negociación de las grandes empresas transnacionales y el temporalmente detenido Acuerdo Multilateral sobre Inversiones), el mercado mundial por sí mismo asigna y desarrolla las mejores posibilidades para cada país. El libre comercio no es solamente abrirnos al comercio mundial, es renunciar a ser sujetos activos de nuestro futuro y dejar que el mercado decida por nosotros. De acuerdo con este postulado no es necesario pensar qué país queremos y podemos ser, simplemente hay que eliminar cualquier traba al mercado mundial y el propio mercado se encarga de ofrecernos el mejor de los países.

Las diferencias entre el planteamiento dominante y la visión alternativa propuesta en este documento no descansan en si aceptamos o no la apertura al comercio. Las disyuntivas fundamentales son las siguientes: 1) Si tener un proyecto nacional y luchar activamente por él o no tenerlo y dejar al mercado la definición del proyecto nacional y 2) Si se regula o no supranacionalmente el capital, especialmente el especulativo. La tendencia reciente ha sido dar libertad absoluta a los capitales, incluidos los especulativos, para mover el mundo al ritmo de sus intereses. La historia ha demostrado que el mercado por sí mismo no genera desarrollo y mucho menos justicia social. Nosotros, en cambio, proponemos una economía mundial regulada nacional y supranacionalmente de tal manera que se asegure la paz, la democracia, el desarrollo sustentable y la estabilidad económica con bienestar social tanto nacional como internacionalmente.

Nuestra posición al respecto es muy clara: debemos actuar como interlocutores válidos en este diálogo sobre la globalización y no al margen de él. Debemos negarnos a aceptar que la globalización neoliberal en curso es un proceso irreversible. Es necesario no sólo aminorar sus consecuencias negativas, sino proponer una alternativa viable. Debemos buscar cómo aprovechar la globalización con creatividad y no someternos a ella pasivamente. Los ciudadanos de este continente nos negamos a ser regidos por la ley de la oferta y la demanda. Reivindicamos nuestro papel como individuos y no como simple mercancía sujeta a las leyes del mercado.

El libre comercio ha producido exclusión social y económica. Esto ha provocado la estructuración de un segmento social formado por ciudadanos desvalorizados por el proyecto económico vigente y por las sociedades que lo respaldan. La exclusión vuelve a la gente incapaz de insertarse o reinsertarse en el circuito económico; esta imposibilidad de reinserción lleva a un proceso de "descalificación social" y a la pérdida de una "ciudadanía activa". Toda persona que ha resentido negativamente los costos de la transición al libre comercio, que está en una situación de desempleo crónico o que sufre la precarización de su empleo, vive y conoce esta exclusión.

No nos oponemos a la existencia de reglas para el comercio y la inversión regional o internacional. Nuestra crítica a la globalización dominante e impuesta no significa que pretendamos volver al pasado, cerrar y proteger nuestras economías y pugnar por un aislacionismo comercial. Hasta hoy las reglas pactadas no han ayudado a superar, ni menos a aminorar, los problemas de nuestras economías. Proponemos reglas alternativas que regulen la economía mundial y en nuestro hemisferio basadas en una lógica económica distinta: el comercio y la inversión no deben ser un fin en sí mismo, sino instrumentos para el desarrollo justo y sustentable. Nuestra propuesta privilegia una lógica social, por lo que incluimos tópicos como el laboral, los derechos humanos, la igualdad de género, el medio ambiente y las minorías, que representen los temas y grupos excluidos.

Nuestra crítica y propuesta está sustentada técnicamente, pero también surge de un imperativo ético. Nos negamos a aceptar al mercado como un dios que regule nuestras vidas. Nos negamos a aceptar como inevitable un modelo globalizador que excluye a la mitad o más de la mitad de la población mundial de los beneficios del desarrollo. Nos negamos a aceptar que la depredación de la naturaleza sea inevitable y un mal necesario en aras del crecimiento. Detrás de estas medidas económicas neoliberales existe no sólo una estrategia política y económica, sino que subyace una concepción inaceptable de la persona humana y una cultura que es necesario erradicar. Un profundo imperativo ético nos impulsa a plantear nuestro propio modelo de sociedad, por la que luchamos al lado de tantos hombres y mujeres movidos por la esperanza de vivir y dejar a las futuras generaciones una sociedad más justa y humana.

Principios rectores

1. Democracia y participación

Los debates, las decisiones y la construcción de marcos de negociación en asuntos de integración económica han sido tradicionalmente dominados por las élites del sector financiero, corporativo y gubernamental. Hay que introducir una mayor democratización en la toma de decisiones en torno a la política comercial y a las inversiones. Los acuerdos internacionales deben ser ratificados en una consulta directa a los ciudadanos, en los cuales pueden tomar formas de plebiscitos o referéndum nacionales.

La democratización de los debates y la toma de decisiones económicas es una precondición indispensable pero no suficiente para diseñar nuevas reglas justas y sustentables sobre inversión, medio ambiente y trabajo en un contexto que tome en cuenta los intereses de los ciudadanos. La democracia por sí sola no garantiza el bienestar social, es necesaria la elaboración de propuestas económico-sociales lúcidas y viables que logren el consenso y apoyo ciudadano. La democracia, además, no debe reducirse a lo electoral. Es necesario introducir la democracia en la toma de las decisiones económicas y sociales fundamentales. Los ciudadanos no sólo deben aprobar la orientación económica y social, sino participar en su diseño, implementación y evaluación. También deben poder cambiarla o ajustarla en cualquier momento. Para lograr este objetivo puede ser necesario implementar iniciativas especiales para asegurar acceso al debate a grupos marginados u oprimidos, entre ellos las mujeres.

Las corporaciones globales han crecido en tal magnitud que ya no están efectivamente controladas por nuestros gobiernos. Necesitamos nuevos instrumentos para reafirmar el control público y la soberanía ciudadana sobre estas corporaciones.

La estabilidad política necesaria para el desarrollo sustentable implica que los acuerdos de integración incluyan mecanismos de seguridad democrática. La estabilidad debe basarse en la participación democrática y no en la fuerza. Ello implica que cualquier acuerdo debe promover e impulsar la democracia en el continente, sin que ello implique intervencionismo en los asuntos internos. La seguridad democrática y no basada en el uso de la fuerza implica el control civil (en último término, de los ciudadanos) sobre todas las fuerzas de orden. El control civil es necesario, por ejemplo, para detener la carrera armamentista y los procesos de militarización de amplias zonas de nuestro continente, que hoy se aplican con el pretexto del combate al tráfico de armas y la lucha contra la producción y tráfico de drogas.

La democratización mundial implica la reforma de las instituciones del sistema de las Naciones Unidas incluido el Consejo de Seguridad y las instituciones financieras y comerciales internacionales. Estas reformas deben hacerse en consulta con las sociedades de los diversos países y guiarse por el objetivo de ponerlas al servicio de la humanidad: el desarrollo sustentable, la democracia y la paz basada en la justicia y el respeto a la dignidad humana. No deben continuar siendo instrumentos de las grandes corporaciones multilaterales y de las grandes potencias nucleares. La democratización del sistema mundial e interamericano incluye también el que no se excluya a país alguno por razones ideológicas o políticas, como es el caso actual de Cuba.

Cualquier acuerdo de integración debe garantizar la globalización de la defensa y promoción de los derechos humanos entendidos en su sentido integral. Es decir, incluyendo no sólo los civiles y políticos o garantías individuales, sino los colectivos: económicos y sociales, culturales, ambientales y de los pueblos y comunidades. Especial atención debe prestarse a los derechos de las comunidades y pueblos indígenas y los mecanismos para asegurar la erradicación de todas las formas de discriminación y opresión sobre la mujer.

2. Soberanía y bienestar social

Las reglas emanadas de los acuerdos deben preservar el poder de los países para mantener proyectos nacionales de desarrollo con altos estándares de vida que permitan la valoración de un trabajo digno, la creación de suficientes y buenos empleos, la salud comunitaria y un medio ambiente limpio dentro de sus fronteras. Tampoco debe limitarse la soberanía de los pueblos en relación con los poderes estatales, provinciales y locales. Hoy la soberanía, la estabilidad y el bienestar social implican privilegiar el ámbito de la producción, a la vez que se desaliente y regule la inversión especulativa y el libre flujo de capitales golondrinos. La soberanía económica de nuestros países no debe ser socavada por los intereses corporativos.

La integración económica debe ser un compromiso para mejorar la calidad de vida de la población. Es inadmisible que nuestros países sean ofertados por sus bajos salarios, la discriminación sistemática contra la mujer y otros grupos, la falta de protección social o la laxitud legal. La competitividad de los países no puede basarse en el deterioro de los niveles de bienestar de la población y/o de su entorno ambiental. La nivelación de estándares debe ser hacia arriba. Los acuerdos comerciales o de integración, así como las políticas económicas internas, deben incluir objetivos sociales con plazos concretos, indicadores para evaluar su impacto social y medidas correctivas.

Los gobiernos nacionales deben mantener el derecho de preservar los esfuerzos locales para lograr comunidades rurales y urbanas viables en las que existan actividades económicas sustentables, así como garantizar la autosuficiencia alimentaria.

La prioridad del bienestar social en cualquier acuerdo internacional de integración implica reducir los presupuestos militares y destinar esos recursos a la promoción de la educación y salud de la población. Los fondos que surjan de la reducción del presupuesto militar de las grandes potencias deben destinarse al combate internacional de la pobreza.

El combate a la producción, tráfico y consumo de drogas debe incluirse en los acuerdos de integración. Sin embargo, esto no debe hacerse con un enfoque puramente militar sino a través de la colaboración en campañas de educación masiva, erradicación de la pobreza, la cual lleva a sectores de la población a dedicarse a este lucrativo negocio? el combate a la corrupción e involucramiento de altas autoridades y otras medidas que vayan a la raíz del problema. Los acuerdos en esta materia deben siempre preservar la soberanía de los Estados Nacionales sobre su territorio y en la aplicación de sus propias leyes. No debe permitirse la presencia armada de tropas o personal policiaco extranjero en el territorio de un país soberano.

3. Reducir desigualdades

Uno de los objetivos centrales de cualquier acuerdo es reducir desigualdades entre naciones, dentro de los países, entre mujeres y hombres y entre razas.

Entre naciones: la carrera hacia la integración de economías profundamente desiguales sin protecciones sociales crea un ambiente en el que las grandes corporaciones reducen los estándares de vida y salarios en las diferentes regiones del mundo. Las nuevas reglas deben incluir mecanismos para reducir la desigualdad entre las naciones mediante la elevación de los estándares y niveles de vida de los países más pobres. De esta forma no sólo se concreta una demanda de justicia y equidad. También reduciría la capacidad de las empresas de aprovechar tales desigualdades para debilitar las normas y sueldos bajo amenazas de trasladar la producción a países con salarios y protecciones ambientales inferiores.
Dentro de las naciones: desde hace más de una década las desigualdades y la pobreza extrema se han ido acrecentando en la mayoría de los países del continente. Las nuevas reglas deben reducir estas desigualdades provocando una redistribución de los ingresos, de la tierra y de los recursos naturales.
Entre mujeres y hombres y entre razas: las mujeres, gente de color y pueblos indígenas han tenido que soportar una cuota desproporcionada del deterioro económico y social ocasionado por las políticas neoliberales. Los recortes a los servicios y empleos del sector público, junto con la reducción de empleos seguros y de estructuras democráticas, han golpeado más fuerte a las mujeres que a los hombres y a niñas más que a niños. En tiempos de recursos escasos, las decisiones tomadas por las familias y la sociedad tienden a favorecer, consciente o inconscientemente, a los varones. Además, se incrementa la responsabilidad de la mujer, a la que tradicionalmente corresponde el cuidado de la familia cuando miembros de ésta pierden acceso al empleo o a programas financiados por el Estado. Es un fardo que se suma a las demás formas de discriminación que la mujer sufre en el ámbito económico, legal, social y político en los países del hemisferio. Para terminar con esta discriminación, se deben implementar nuevas estrategias y modelos económicos para revertir los efectos de las políticas en vigencia. Los países deben respetar los convenios internacionales con el objetivo de lograr equidad. Al mismo tiempo deben implementar programas sociales e intensificar la cooperación internacional para lograr este objetivo.

4. Sustentabilidad

La sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente son, junto con el combate a la pobreza, los retos fundamentales de cualquier estrategia económica o acuerdo de integración. Los acuerdos comerciales deben privilegiar la calidad del desarrollo lo que implica establecer límites sociales y medioambientales al crecimiento. La sustentabilidad y el bienestar de la población deben sobreponerse a la ganancia a corto plazo.

Las nuevas reglas dentro de la integración económica deben permitir un control más democrático de nuestra tierra, de nuestros recursos naturales, así como un genuino respeto a los territorios y derechos indígenas. Los países ricos y las grandes corporaciones tienen una deuda ecológica acumulada y ocupan un espacio ambiental exagerado respecto de su población y territorio. Cualquier acuerdo debe repartir los costos de la transición hacia un modelo sustentable con base en el principio de preocupaciones comunes y responsabilidades diferenciadas. Un acuerdo alternativo verdaderamente sustentable debe incluir una restructuración amplia de los incentivos y reglas diseñados para asegurar que la producción industrial refleje verdaderamente los costos ambientales de largo plazo.

Finalmente, los esfuerzos por promover la sustentabilidad deben ir más allá del mundo natural, que incluya la sustentabilidad social, la protección al bienestar de niñas y niños, como también de grupos familiares y los derechos de las minorías. Ello conlleva que se creen mecanismos efectivos para sancionar las políticas que atraen inversión con base en promesas de bajos sueldos de trabajadores, sobreexplotación, especialmente de la mujer, expectativas de una mayor libertad en la explotación de los recursos naturales o áreas donde la población esté políticamente controlada por las élites de poder local.

Derechos humanos

Antecedentes

En el transcurso de tres generaciones, la evolución de los convenios y declaraciones internacionales ha conllevado a una definición cada vez más detallada de los derechos humanos. En la primera generación se establecieron los derechos civiles y políticos; en la segunda, los derechos económicos, sociales y culturales; y en la tercera, los derechos ambientales, comunitarios y de los pueblos. Los gobiernos tienden a guiarse cada vez más por este enfoque uniforme y muy frecuentemente proceden ignorando compromisos previos en estos temas o los consideran como separados de los asuntos económicos. En casos extremos han presionado por "desconstitucionalizar" derechos sociales, laborales y colectivos. Muy a menudo, las negociaciones de libre comercio se unen a la modificación interna de los pactos sociales de tal forma que los actores sociales más débiles sufran los efectos de concesiones hechas a las corporaciones transnacionales. Los resultados de estas estrategias han sido la puesta en riesgo de los derechos humanos y han ido deteriorando la protección de los mismos, así como también el debilitamiento de los mecanismos e instituciones nacionales e internacionales para hacerlos valer.

Ante esta globalización marginalizadora de amplios sectores de la población deben considerarse tres puntos fundamentales:

La democracia está estrechamente vinculada con los derechos humanos. Los Estados y autoridades sólo se justifican, en último término, en función del respeto, promoción y garantía de esos derechos fundamentales integralmente considerados.

Sin la justicia no se puede asegurar la gobernabilidad de ningún gobierno.

Los derechos humanos nunca deben sacrificarse en aras de modelos de desarrollo que atenten contra la dignidad humana.

Revalorizamos todos los esfuerzos hechos por los pueblos de los países americanos por construir una agenda común de derechos humanos, la cual debe ser integrada a cualquier acuerdo económico, financiero y comercial del continente, junto con los mecanismos e instituciones que aseguren su plena implementación y cumplimiento.

Principios rectores

Los gobiernos deben reafirmar su responsabilidad por la implementación y protección de los derechos humanos, con énfasis especial en los derechos económicos y sociales, en los ambientales y de los pueblos y comunidades.
Todo los países del hemisferio que aún no lo hagan deben firmar y ratificar los siguientes instrumentos internacionales de derechos humanos, asegurando su inclusión e implementación en los acuerdos económicos hemisféricos:

La Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

La Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos
La Convención Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)
La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Forma de Discriminación Racial
La Declaración sobre el Derecho al Desarrollo (4 de diciembre de. 1986)
Las Convenciones Centrales de la Organización Internacional del Trabajo, incluyendo el Convenio 169 sobre los derechos de las comunidades y pueblos indios, los relativos a los migrantes y sus familias y sobre la no discriminación de la mujer.
El Proyecto de Declaración Universal sobre Derechos Indígenas
La Convención Americana sobre Derechos Humanos
El Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", adoptado en noviembre de 1988, pero que aún no entra en vigencia debido a la falta de países ratificantes.

El reconocimiento de las obligaciones existentes, así como la ratificación de los acuerdos pendientes, son sólo el primer paso hacia la implementación integral de los derechos humanos. De esta forma, se le daría vigencia al derecho al desarrollo como un derecho universal e inalienable y como parte integrante de los derechos humanos fundamentales, tal como ha sido declarado por la Asamblea General de la ONU en 1986.

Los gobiernos deben prohibir toda forma de discriminación por condición de género y orientación sexual, raza, etnia, religión, pertenencia a grupos sociales o culturales, nacionalidad y opinión política. Deben establecer medidas internas e internacionales eficaces para erradicar las prácticas y políticas de "depuración étnica" que se manifiestan, entre otras formas, por el exterminio físico, la marginación o los atentados contra los grupos sociales afectados por discriminación, como son los gays y lesbianas, afectadas/os de VIH/SIDA, niñas y niños de la calle, personas de color, prostitutas/os y comunidades indígenas.

Todo tratado comercial, económico y financiero debe incluir una "Cláusula Democrática" que garantice la vigencia plena del Estado de Derecho de las instituciones democráticas, del respecto irrestricto a los derechos humanos de forma integral. Asimismo, los tratados deben garantizar de manera efectiva la participación de la sociedad civil en el proceso de diseño, adopción e implementación de esos tratados definiendo claramente mecanismos transparentes de participación y responsabilidad de los distintos actores del proceso.

Se debe reformar y fortalecer el Sistema Interamericano de derechos humanos mediante lo siguiente:

Mejorar la eficacia del sistema y el escrutinio público de la situación de los derechos humanos.
Fortalecer la Comisión y la Corte Interamericana, así como las medidas cautelares y provisionales del sistema por medio del reconocimiento de su jurisdicción por todos los países del hemisferio.
Crear un órgano independiente e internacional de protección a los desplazados internos y asegurar que los Estados que no lo hayan adoptado implementen el derecho efectivo al asilo y/o al refugio, reglamentándolo internamente en concordancia con los instrumentos internacionales relevantes.
Incluir en el procedimiento ante la Corte la participación independiente de la víctima o de su representante y la transparencia en sus criterios y trámites.
Reconocer como entidades consultivas a las Organizaciones No Gubernamentales ante la OEA y adoptar una Declaración Interamericana de Protección a los Defensores de Derechos Humanos.
Los Estados de las Américas deben apoyar la creación de un Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos, a través de la asignación de recursos económicos suficientes para garantizar su funcionamiento efectivo.
El proceso de evaluación al Sistema Interamericano de Derechos Humanos debe propiciar una discusión con Organizaciones No Gubernamentales, expertos y gobiernos, con el propósito común de que las reformas que eventualmente se propongan beneficien a las víctimas de violaciones de derechos humanos, así como a las tareas de promoción y defensa en general.

Para la implementación de estos compromisos internacionales se deben ratificar los principios de cooperación y coordinación entre los mecanismos internacionales, regionales y nacionales de protección de los derechos humanos. Los mecanismos para asegurar la vigencia de los derechos humanos debe realizarse por medio de su inclusión en cualquier acuerdo de comercio, económico o financiero. La dimensión económica de estos acuerdos comerciales no debe sobreponerse a los derechos humanos.

Objetivos específicos:

Garantizar la promoción, el respeto, el cumplimiento y la "justiciabilidad" de los derechos humanos en un sentido integral e indivisible (equidad de género, civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, ambientales y de los pueblos y comunidades) en los procesos de integración o globalización, tanto en el terreno nacional como en el internacional.

Ampliar el conjunto de derechos reconocidos en el ámbito mundial a todos los ciudadanos americanos sin distinción.

Garantizar los derechos a la comunicación, a la investigación y a la recepción de información y opiniones, considerando a los grupos que tanto hoy como en el pasado han tenido menos acceso. Establecer la obligación de los Estados miembros de derogar todos los mecanismos de censura oficiales.

Garantizar el derecho de las personas afectadas a presentar demandas legales, que incluya la restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y la garantía de no repetición de los actos agraviantes, según los principios y directrices básicos sobre los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario internacional a obtener reparación (doc. ONU E/CN 4/1997/104). Los afectados también deben poder elegir el mecanismo que mejor satisfaga su necesidad de respuesta oportuna y efectiva.

Los gobiernos deben implementar las observaciones y recomendaciones formuladas por los distintos órganos del Sistema de Protección Universal y Regional de los Derechos Humanos.
Asegurar la promoción de reformas y programas destinados a alcanzar la autonomía, imparcialidad y profesionalización del Poder Judicial. Garantizar el habeas corpus y el amparo como recursos ágiles, sencillos y efectivos para la protección de los derechos fundamentales.

Acabar con la impunidad o exención de castigo en delitos en los que hay fuertes intereses políticos o económicos que en los hechos logran desviar las investigaciones o impiden la imparcialidad de los sistemas de justicia.

Impulsar programas de formación en derechos humanos y de sensibilización en perspectiva de género hacia los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como a las Fuerzas Armadas. Incorporar el tema de derechos humanos en los programas de educación formal y no formal desde el preescolar hasta la educación superior.

Medio ambiente

Antecedentes

Hasta ahora la liberalización de las inversiones y la apertura comercial de los tratados de libre comercio firmados en el continente, especialmente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ha mostrado severos impactos sociales y ambientales para los pueblos y los trabajadores. Los pueblos de América aspiramos a una economía internacional bajo una lógica distinta que privilegie la sustentabilidad.

Desde una perspectiva ecológica, los problemas con la política de comercio e inversión clásica son los siguientes: se externalizan (no se consideran) los costos ambientales y sociales, se tiende a intensificar el uso de energía, se sobreexplotan los recursos naturales y se daña la biodiversidad, erosionando la base de la actividad económica y social. Estas políticas intensifican la expropiación de recursos genéticos, la destrucción de ecosistemas naturales, la degradación ambiental en sectores agropecuarios y urbanos, la desregulación ambiental y la violación de los derechos ciudadanos individuales y colectivos de las generaciones presentes y futuras. La degradación del medio ambiente ha tenido un efecto desproporcionado sobre la gente que vive en la pobreza, especialmente las mujeres, ya que es común que estos grupos vivan en hábitats con recursos contaminados donde existe menos voluntad política por mejorar estas condiciones. Los que apoyan las políticas neoliberales tienden a considerar como obstáculos al intercambio comercial algunas dimensiones del desarrollo sustentable (como la seguridad alimentaria, la protección del conocimiento y la utilización colectiva de la biodiversidad, el uso sustentable de los ecosistemas y la existencia de sistemas justos y equitativos de distribución de los beneficios obtenidos de los recursos naturales). Por su parte, los gobiernos han rechazado estos ideales, prefiriendo responder a las necesidades y presiones del mercado internacional.

Lo ambiental es una perspectiva que atraviesa todos los temas expuestos, por lo que mucho de lo que plantearemos a continuación se concreta o complementa en otros capítulos, por ejemplo, los que tratan los temas de energía y derechos de propiedad intelectual.

Principios rectores

Cualquier negociación o acuerdo internacional sobre comercio e inversión debe establecer la preeminencia de los acuerdos ambientales suscritos por los gobiernos de los países de América, por encima de los tratados de inversión y comercio. La dimensión ambiental y de sustentabilidad no debe limitarse a un tema más dentro de los acuerdos económico-financieros, sino que debe ser una dimensión y perspectiva que atraviese la totalidad de esos acuerdos.

La calidad del desarrollo debe considerarse una prioridad clave. Los gobiernos deberían establecer límites sociales y medioambientales al crecimiento partiendo de la sustentabilidad medioambiental y de la equidad social.

Los acuerdos internacionales de comercio y los Estados Nacionales deben prever políticas para transitar hacia la internalización de costos ambientales y sociales derivados del proceso de producción y consumo nosustentables. Si la internalización de los costos sociales y ambientales causa precios más altos, los gobiernos debiesen promover campañas de sensibilización hacia los consumidores de altos ingresos para que orienten su elección sobre bienes producidos de manera sustentable.

Los costos ambientales del comercio deben ser repartidos equitativamente, partiendo del principio de que las partes pueden tener responsabilidades diferenciadas en el logro de las metas comunes.

Los gobiernos deberían reconocer la deuda ecológica entre naciones. Tal deuda es producto de que los países ricos ocupan un espacio ambiental exagerado, o sea, explotan recursos ambientales en forma desmedida en relación con su población o territorio.

Los gobiernos deberían establecer plazos definidos para terminar con la comercialización internacional de productos que dañan el ambiente. Durante el proceso de transición, se deberían imponer aranceles punitivos para desalentar su comercialización y evitar su uso.

El comercio debe ser acompañado por incentivos para la conservación de los recursos naturales y el suelo, además de reducir y tender a eliminar el uso de productos químicos que dañan el medio ambiente. Se debe fomentar el desarrollo sustentable y la producción más cerca del lugar de su consumo.

En las regulaciones ambientales debería aplicarse el principio precautorio (en caso de duda, preferir el curso de acción de mayor cuidado del medio ambiente) y no el principio de evaluación de riesgos (en el que se aplica el análisis de costo-beneficio a los recursos ambientales).

Precios justos que eviten el "dumping social" y "ecológico".

La liberalización del comercio no debe impedir que los países canalicen la inversión extranjera hacia los sectores donde se puede fortalecer el desarrollo sustentable.

La liberalización del comercio y la inversión no debe impedir la regulación y el control de las empresas y los inversionistas para que cumplan con los objetivos del desarrollo nacional sustentable.

Las empresas y los inversionistas extranjeros deben cumplir las normas ambientales más altas y compartir aquella tecnología que favorece la protección del medio ambiente y que permite crear empleos.

Los países deben mantener su soberanía en cuanto a la restricción de aquellas inversiones que pudieran agravar problemas sociales y ambientales y sus impactos desproporcionados sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, como son las mujeres y los pueblos indígenas.

Objetivos específicos:

Bosques

Los bosques son depositarios de la mayor parte de la biodiversidad terrestre existente en el hemisferio y cumplen funciones ecológicas esenciales tanto en el ámbito local como global, por lo que deben evaluarse los riesgos que el modelo del libre comercio implica para este recurso. Las plantaciones forestales industriales no pueden ser consideradas como bosques, ya que carecen de la mayor parte de sus valores característicos.

La experiencia y los resultados de los acuerdos comerciales del continente, y especialmente del TLCAN, así como en general las políticas neoliberales muestran que los estándares de protección de los bosques se han debilitado, se han perdido empleos en el sector forestal y se ha intensificado la explotación de los bosques nativos sin mejorar los sistemas de extracción forestal ineficientes y destructivos.

Por ello cualquier acuerdo internacional en las Américas debe:

Considerar los bosques como ecosistemas variados y complejos, por lo que su uso debe respetar el equilibrio de factores bióticos y abióticos. En las Américas, los bosques son el hogar de múltiples pueblos -especialmente indígenas-, por lo que deben garantizarse sus derechos territoriales, sociales y culturales, sus formas de vida y civilización y el uso de sus recursos naturales.

La conservación de los bosques debe ser un objetivo prioritario de los procesos de integración, por lo que los acuerdos de inversión deben subordinarse a los acuerdos ambientales internacionales y a las leyes y políticas nacionales sobre conservación de la biodiversidad y bosques, incluyendo los servicios ambientales que éstos brindan.

El diseño e instrumentación de sistemas de ordenamiento territorial que contribuyan a vincular las políticas agrarias con las forestales, incorporando las necesidades y prioridades de las poblaciones locales.

El diseño de indicadores adecuados, objetivos y neutrales que midan el impacto de los procesos de integración económica y comercial sobre este y otros recursos naturales.

La eliminación de los subsidios ambientales y económicos que favorecen el uso indiscriminado de los bosques y crear, en cambio, subsidios para tecnologías y prácticas sustentables, en particular con especies nativas. Es urgente remover los subsidios para las plantaciones de monocultivos a gran escala. Asimismo, debe evitarse la sustitución de bosques nativos por plantaciones y proteger las especies en peligro de extinción.

Fuentes energéticas sostenibles

El desarrollo energético sustentable supone el respeto al derecho de las comunidades, el ahorro energético y el combate al consumo excesivo de energía. Las fuentes de energía deben ser renovables, limpias y de bajo impacto, garantizando su acceso equitativo y democrático.

La integración energética debe ser un proceso que permita el crecimiento de las potencialidades y la cooperación de los distintos países en relaciones de equidad de acuerdo con las características económicas, sociales y culturales de cada pueblo.

Se propone:

Reorientar inversiones, préstamos y subsidios hacia proyectos de energías limpias y hacia la eficiencia energética, garantizando acceso a esos proyectos en condiciones de equidad y considerando las prioridades nacionales incluyendo el transporte sustentable, priorizando el público sobre el privado y el acceso democrático a la energía doméstica, artesanal, comercial e industrial.

Eliminar los subsidios directos e indirectos a la energía basada en combustibles fósiles.

Desarrollar una base legislativa e institucional para el fomento de energías sustentables. Esto implica un soporte a la capacidad de investigación y difusión de energías limpias.

Declarar una moratoria en exploraciones relacionadas con la extracción de carbón, gas y petróleo en nuevas regiones como un paso hacia la transición a energías limpias, renovables y de bajo impacto ambiental.

Respetar el derecho de las comunidades en zonas afectadas por la producción energética y particularmente de las comunidades indígenas.

Garantizar la elaboración de estudios de impacto ambiental de todo proyecto de energía.

Minería

La herencia pasada y presente de la minería en las Américas incluye varias décadas de contaminación con metales pesados y destrucción de hábitats terrestres y oceánicos; amenazas a la salud y seguridad de los trabajadores mineros y sus familias, que muchas veces viven cerca de centros mineros insalubres, y producto de estar expuestos a la contaminación, sufren las repercusiones en su salud física y reproductiva. Estas condiciones se dan en todo el hemisferio, reflejo de la incapacidad del sector público para controlar de manera efectiva los impactos ambientales de esta actividad.

La expansión acelerada de las actividades mineras en manos de compañías internacionales no ha sido acompañada por controles, regulaciones y salvaguardas más fuertes para la salud humana y el ambiente. Al contrario, ha generado mayor demanda de recursos como agua y energía.

Por lo tanto, se exige a los gobiernos de las Américas:

El desarrollo de proyectos mineros debe contar con la aprobación previa de las comunidades afectadas, en particular cuando impactan a otras actividades productivas y usos de sus suelos. Se deben respetar los derechos de las comunidades indígenas sobre sus tierras.

Aceptar y asegurar las más altas normas en salud y seguridad de los trabajadores y la protección ambiental como condiciones en el desarrollo minero.

Declarar moratoria en la exploración y desarrollo minero en áreas ecológicas y de valor cultural.

Priorizar e incentivar políticas mineras orientadas a la reducción del consumo energético y al aumento de la eficiencia en el procesamiento de minerales.

Retomar las recomendaciones de la sociedad civil presentadas en la Cumbre de Desarrollo Sustentable de Santa Cruz, en diciembre de 1996.

Biodiversidad y propiedad intelectual

La conservación de la biodiversidad ha sido responsabilidad de miles de comunidades que cultivan y utilizan sus recursos por razones vitales y no por el interés de lucro. El intercambio internacional de los recursos de la biodiversidad ha beneficiado históricamente a muchos pueblos, aunque de manera cada vez más desigual en las últimas décadas. La conservación y el desarrollo de los recursos genéticos en los centros "científicos" se ha combinado con los sistemas de propiedad intelectual, institucionalizando el despojo y la monopolización de los recursos genéticos.

Actualmente la región enfrenta enormes amenazas a su biodiversidad, provenientes de los tratados internacionales de liberalización comercial y de la acción de las corporaciones multinacionales. Esto plantea un desafío enorme a los ciudadanos, por lo cual se plantean las siguientes demandas (véase el capítulo 9 para una discusión más profunda sobre la propiedad intelectual).

Rechazar los sistemas de propiedad intelectual sobre formas de vida y conocimiento asociado a ellas.

Reconocer y proteger los derechos colectivos de las comunidades locales en la conservación, cría y cultivo de la biodiversidad. Esto implica la primacía de los derechos colectivos de propiedad (que en muchas comunidades es el conocimiento histórico transmitido por mujeres) frente a cualquier tratado comercial y sistema de propiedad intelectual.

Con base en el Convenio 169 de la OIT, asegurar el derecho inalienable de los pueblos, comunidades tradicionales negras e indígenas a la plena autonomía en la toma de decisiones sobre la integridad de sus hábitats tradicionales, la biodiversidad contenida en ellos, su uso y gestión de acuerdo con sus sistemas culturales y su derecho consuetudinario.

Asegurar la primacía del Convenio de Diversidad Biológica frente a los tratados comerciales.

Garantizar la libre circulación de conocimientos y el acceso a los recursos genéticos para la investigación al servicio de las necesidades de las poblaciones y comunidades locales y en los centros de investigación públicos.

Reconocer y compensar la deuda ecológica histórica y actual con las comunidades que crean y conservan las bases de la biodiversidad, incluyendo recursos genéticos y conocimiento asociado a ellos. Cualquier acuerdo de comercio e inversión debe incluir cooperación internacional para la conservación de la biodiversidad.

Promover acuerdos conjuntos entre gobiernos y la sociedad civil sobre el derecho de un país de descubrir, conservar y aprovechar en su beneficio las propiedades biológicas y genéticas de plantas y animales en el área donde se encuentran.

Laboral

Antecedentes

indice
Las trabajadoras y los trabajadores de las Américas creemos que un sistema de intercambio comercial justo es aquel que reconoce que las normas laborales y otras medidas que mejoren su bienestar no pueden ser dejados a disposición del mercado. El futuro acuerdo hemisférico debe incluir disposiciones que garanticen los derechos elementales de los trabajadores, que brinden asistencia apropiada para paliar los efectos de los ajustes producto de la apertura de los mercados y promuevan el mejoramiento de las condiciones laborales y estándares de vida de los trabajadores y sus familias.

Existe una larga tradición en la comunidad internacional que reconoce la necesidad de aplicar y respetar las normas laborales básicas en el ámbito internacional. Este reconocimiento llevó en 1919 a la creación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una institución que ha sobrevivido hasta estos días como una agencia de las Naciones Unidas, con el mandato especifico de definir y velar por las normas laborales internacionales. Los 35 países de las Américas son miembros de la OIT y han ratificado sus convenios. Los actuales tratados comerciales en el hemisferio, como el MERCOSUR y el TLCAN (especialmente el acuerdo laboral paralelo del TLCAN, denominado oficialmente como el Acuerdo de Cooperación Laboral de las Américas, ACLA), establecen que los principios fundamentales en relación con las normas laborales deben ser respetados en todos los países miembros y que los acuerdos comerciales deben contribuir a un mejoramiento general de los estándares de vida de los trabajadores.

Sin embargo, ni el más optimista de los analistas de los impactos de los acuerdos comerciales, como el TLCAN y el MERCOSUR, podría argumentar que éstos acuerdos han contribuido a un mejoramiento general en las condiciones de vida de los trabajadores. Por el contrario, su introducción ha llevado a una mayor inestabilidad de empleo y de seguridad en los centros de trabajo. El caso más dramático lo representa México, desde 1994, fecha de inicio del TLCAN.

En tratados como el ACLA del TLCAN, las normas laborales figuran sólo en la declaración de principios, pero no se les dota de mecanismos que puedan tener un impacto real en los trabajadores y trabajadoras. Es más, se reconoce que las más elementales normas laborales de la OIT son regularmente burladas por los empleadores de la mayoría de los países de las Américas, en general para obtener ventajas competitivas sobre otros empleadores. Esto sucede a pesar de que todos los países del hemisferio son miembros de la OIT, por ende signatarios, en principio, del respeto a las normas laborales internacionales.

Principios rectores

La gente trabajadora y sus organizaciones tienen el derecho a participar en la toma de decisiones en el ámbito nacional e internacional en relación con los procesos de integración para asegurar que éstos contribuyan al mejoramiento de sus estándares de vida como trabajadores.

Cualquier acuerdo hemisférico debe incluir el compromiso de implementar y respetar los derechos elementales de los trabajadores, como un requisito obligatorio para la participación en ésos acuerdos. Asimismo, un mecanismo apropiado y eficaz debe ser incluido para el cumplimiento de tales acuerdos.

Se debe integrar un mecanismo apropiado de ajuste para asegurar que los trabajadores cuyos empleos lleguen a ser suprimidos, por ser redundantes a raíz de la apertura de los mercados, tengan acceso a nuevas oportunidades de empleo, mediante la capacitación, el desarrollo de infraestructura y la implementación de programas específicos de creación de empleos.

El acuerdo hemisférico debe incluir mecanismos de promoción y mejoramiento de los estándares de vida para trabajadores, mediante normas legales y programas sociales en los países signatarios del acuerdo. Como principio básico, esos mecanismos deberían aspirar a la implementación de programas sociales elementales en países que aún carecen de ellos y a la elevación de normas hacia las más altas en vigor entre todos los países miembros del acuerdo.

Objetivos específicos:

1. Cláusula de Derechos de las Trabajadoras y los Trabajadores

A partir del principio de la década de los 90, el movimiento laboral internacional ha promovido la inclusión de una "Cláusula de Derechos de las Trabajadoras y los Trabajadores" en los acuerdos internacionales de comercio. Una cláusula tal obligaría a los empleadores y los gobiernos a encarar las repetidas y frecuentes violaciones de los más fundamentales derechos laborales. Dentro de las Américas, la ORIT (Organización Regional Inter-Americana), que representa a la mayoría de trabajadores sindicalizados del hemisferio, ha propuesto la creación de un grupo de trabajo sobre asuntos laborales y sociales como parte de las estructuras de negociación del ALCA. Este grupo de trabajo, en el cual los sindicatos del hemisferio tendrían una participación directa, tendría el mandato de negociar normas básicas en materia laboral para las Américas.
Como resultado de la inclusión de la cláusula que proponemos en el acuerdo hemisférico, algunos productores podrían perder sus privilegios al acceso sin aranceles a los mercados extranjeros incluidos en la zona libre, si los derechos fundamentales de los trabajadores no fueran respetados. Estos derechos fundamentales son los considerados en los siete convenios centrales de la OIT (entre los 182 adoptados entre 1919 y 1998), a saber:

Convenios 29 y 105 sobre la abolición del trabajo forzoso.

Convenios 87 y 98 sobre los derechos de libre asociación, de negociación colectiva, a la actividad sindical, incluyendo el derecho a elegir representantes sindicales sin la intervención de empleadores o el gobierno, y el derecho a huelga.

Convenios 100 y 111 sobre la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, y sobre la prevención de discriminación en el empleo.

Convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo (prevención del trabajo infantil).

Todos los países de las Américas han ratificado uno o más de estos llamados "convenios centrales" de la OIT. Es más, casi todos ellos han declarado su respeto por, y compromiso de aplicar, los principios contenidos en los convenios, aun los que no han ratificado formalmente. A pesar de estos compromisos, se atropellan día a día los derechos de libre asociación y de negociación colectiva en un gran número de países del hemisferio. El trabajo infantil es endémico en varios países, así como la discriminación laboral contra mujeres y determinados grupos raciales y étnicos.

Por lo tanto, proponemos la inclusión en el acuerdo hemisférico de los siete convenios de la OIT relacionados con los derechos laborales fundamentales antes descritos. Esto significa que los empleadores y los gobiernos estarían obligados a respetar estos convenios como condición de acceso a los beneficios otorgados por el acuerdo.

2. Monitoreo y cumplimiento
Por supuesto, la estipulación de los derechos laborales sería eficaz sólo en la medida que fuese acompañada por un mecanismo eficaz de vigilancia y cumplimiento. Proponemos que la función de velar por ese cumplimiento, junto con la de formular recomendaciones sobre la aplicación de determinadas medidas de cumplimiento, sea delegada a la OIT, en vista de su pericia en el monitoreo de la aplicación de normas laborales internacionales, reconocida en el ámbito mundial. Para los efectos de la cláusula de derechos laborales se aprovecharía el procedimiento con base en quejas por la OIT. Este procedimiento se utiliza para cautelar el respeto de los convenios relativos al derecho de libre asociación. Un sindicato u otra organización no gubernamental puede propiciar el procedimiento de examen por la OIT al entregarle a ésta una demanda respecto de la contravención de derechos fundamentales cubiertos por uno de sus convenios centrales.
En un primer momento, la OIT llevaría a cabo una investigación para determinar si existía la contravención de algún convenio. En casos de confirmar una contravención de este tipo, la OIT, en un segundo momento, formularía recomendaciones al país para asistirlo en el cumplimiento de los convenios no respetados. Solamente en el caso de que no fuese exitosa la aplicación de esta etapa se aplicaría el mecanismo de cumplimiento del acuerdo, o sea, que el autor de la contravención sería privado de los beneficios específicos del acuerdo y se aplicarían sanciones comerciales.
Si el autor de la contravención fuese una empresa, las sanciones serían dirigidas contra ella. Por ejemplo, si se encontrase culpable de violar el derecho de sindicación a una empresa fabricante de autopartes en el País A, los productos exportados no podrían beneficiarse del acceso sin aranceles a los demás participantes del acuerdo y se aplicarían los impuestos regulares conforme a los acuerdos de la OMC, como si ese producto fuese exportado desde fuera de la zona de libre comercio de las Américas. Se aplicarían sanciones más generales, o sea, en contra del conjunto de exportaciones de un país determinado, solamente en el caso de que fuese comprobado que el gobierno de ese país había sido un cómplice activo y reincidente en la contravención de los derechos laborales en ese país..
Si se obligara a los países y empresas a respetar y hacer valer los derechos laborales fundamentales, ello ayudaría a establecer y generalizar prácticas en los centros de trabajo de nuestro hemisferio en los que:

Se eliminarían las formas más extremas de explotación laboral.

Las trabajadoras y los trabajadores podrían aspirar al mejoramiento de sus sueldos y condiciones de trabajo sin temor a amenazas a su integridad física o de perder su empleo.

Trabajadores y los empresarios podrían resolver sus diferencias pacíficamente.

3. Mecanismos de ajuste y de creación de empleos

La eliminación de barreras arancelarias y otras formas de protección conllevará inevitablemente la eliminación de ciertos puestos de trabajo en industrias que no sean capaces de afrontar la intensificación de la competencia. Si el comercio libre en el hemisferio contribuye a mayor eficiencia económica y por ende a mejorar el bienestar económico general, tal como lo anuncian sus defensores, no habrá vacilación en asegurar la compensación para los "perdedores". De no ser así, el proceso de integración hemisférica llevaría a la marginación de un elevado número de trabajadores y productores agrícolas.
Por lo tanto, es clave que el futuro acuerdo incluya un mecanismo que permita a las economías nacionales ajustarse a los impactos de la integración económica, sobre todo en las áreas de capacitación de mano de obra, desarrollo de infraestructura y programas específicos de creación de empleos. Es evidente que se necesitaría un programa de financiamiento para compensar las diferencias en etapas de desarrollo y capacidades de ajuste entre economías nacionales y dentro de países y regiones específicas. Se designarían fondos a los programas de ajuste centrados en subvenciones para las mujeres y los hombres que laboran en industrias o regiones que sufran pérdidas de empleo como resultado de la integración económica.
La Unión Europea (UE) ha sentado un precedente para tal tipo de apoyo financiero mediante su programa de asistencia de desarrollo estructural, tanto hacia países de ingresos bajos dentro de la Unión como para regiones geográficas específicas entre países de más altos ingresos que han sufrido una disminución de protecciones o que por otros motivos no se han beneficiado del mercado integrado. En el mismo sentido, se debería crear un fondo de desarrollo estructural como parte integral del acuerdo para las Américas destinado a apoyar la capacitación de mano de obra, desarrollo de infraestructura y creación de empleos en los países de ingresos más bajos y en regiones definidas dentro de los países. Tal fondo podría financiarse a través de un gravamen impuesto a los países de acuerdo con el ingreso per cápita (como es el caso en Europa) o mediante la imposición de un mecanismo específico del tipo de impuesto Tobin (impuesto sobre transacciones internacionales financieras) para las Américas.

4. Normas laborales fundamentales y programas sociales
Creemos que además de la inclusión de una cláusula de derechos de las trabajadoras y los trabajadores y de mecanismos de ajuste adecuados, el acuerdo hemisférico debe incluir mecanismos para mejorar las normas laborales fundamentales y los programas sociales de manera que el acuerdo contribuya al mejoramiento de las condiciones de trabajo y de vida para la gente trabajadora y una distribución de ingresos más equitativa entre países. Dadas las grandes diferencias en el nivel de desarrollo entre los países de las Américas, no prevemos la posibilidad de un sueldo mínimo común para el hemisferio. Sería factible, sin embargo, que el acuerdo establezca líneas directrices respecto de los niveles definidos de subsistencia que servirían para fijar un sueldo mínimo nacional. En el mismo sentido se podrían elaborar líneas relativas a las horas de trabajo, reglas sobre horas extras, periodos de descanso y vacaciones. Como primer paso, se implementarían las normas mínimas de la OIT, pasando posteriormente al proceso de homologación hacia las normas más altas del hemisferio. Se implementaría un proceso más rápido de homologación en la definición de normas hemisféricas para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, con base en las normas más altas en vigencia en las Américas. Esos procesos se establecerían con la plena participación no sólo de los gobiernos, sino de los organismos representativos de los sindicatos y del patronato.
Actualmente existen enormes diferencias en programas sociales y de subvención a personas de bajos ingresos entre los países de las Américas. No obstante, la tendencia generalizada en el hemisferio es al grave deterioro de esos programas producto de recortes a los presupuestos públicos. Hasta Canadá, que siempre se preciaba del nivel de protección social que gozaban sus habitantes, asemejándose al nivel de Europa Occidental, se ha ido quedando a la zaga de todos los países de la Unión Europea en términos de sus programas de manutención de ingresos para personas desempleadas. En otros países se están privatizando o erosionando los regímenes de pensiones estatales, lo cual conlleva a mayores desigualdades en los ingresos de las personas jubiladas (especialmente de las mujeres). Si se pretende que la integración económica de las Américas contribuya a un mejoramiento generalizado de los niveles de vida en nuestro hemisferio, habrá que revertir el rápido deterioro de protecciones sociales que hemos presenciado en el último decenio. Se deben fijar objetivos específicos en el acuerdo para los programas sociales básicos y de subvención al ingreso, entre ellos el seguro de desempleo, la indemnización para trabajadoras y trabajadores lesionados y pensiones para personas jubiladas.
Es más, se debe proporcionar financiamiento mediante el acuerdo hemisférico para aquellos países que, a raíz de sus bajos ingresos per cápita, no podrían autofinanciar tales programas. Un mecanismo de financiamiento, tal vez basado en el modelo del fondo social de la UE, podría proporcionar el financiamiento necesario. Se puede prever que la integración económica en el hemisferio resultará en una movilidad para el capital mayor aún de la que hoy goza, lo que conduciría a niveles más altos de inestabilidad laboral. El acuerdo hemisférico debe brindar mayores protecciones para los trabajadores contra la inestabilidad laboral, sobre todo frente a empleadores que intenten esquivar sus obligaciones hacia el personal que emplea mediante el cambio de la producción a otro país. Todo empleador estaría sujeto a los fondos de previsión, los cuales serían administrados en el ámbito nacional para asegurar el pago de salarios y otras indemnizaciones a las que los trabajadores tienen derecho en caso de despido. Asimismo, se implementarían normas básicas en el ámbito hemisférico respecto de notificación anticipada en caso de despido y protecciones para trabajadores por tiempo parcial y contratados por terceros.

Migración

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La migración (o inmigración) internacional es una realidad creciente en las últimas décadas y el proceso de globalización ha acelerado esta tendencia. En la actualidad se cuentan alrededor de 125 millones de migrantes en el mundo (es decir, gente desplazada de un país a otro), de los cuales 80 millones se consideran como migrantes recientes. Este movimiento creciente de hombres, mujeres y niños tiene impactos importantes tanto en los países "expulsores" como en los receptores. Sin embargo, los gobiernos se han negado a incluir el tema en las negociaciones de liberalización comercial, a pesar de las peticiones reiteradas de numerosas organizaciones no gubernamentales. Los acuerdos de liberalización se limitan a la libre circulación de capital, mercancías y de los agentes del capital y excluyen la movilidad de la mano de obra.

La problemática que lleva a migrar es multidimensional. El mayor motivo, fuera de la violencia política, es el problema del desempleo. La migración afecta no sólo a los migrantes, sino que tiene importantes consecuencias en las relaciones económicas y sociales de los países involucrados. Por ello deben pactarse reglas internacionales para enfrentar el problema tanto en la defensa de los derechos humanos y laborales de los migrantes, como para regular la circulación de mano de obra

Los impactos de la migración son complejos. Los países en vías de desarrollo se han convertido en exportadores de trabajadores, a menudo vulnerables a la explotación. Las empresas obtienen buen provecho de esta situación, colaborando así a la contracción de los salarios en los países receptores. Por otra parte, las remesas de divisas enviadas por estos trabajadores a sus familias son un factor importante en la disminución de los problemas de la balanza de la cuenta corriente en las economías subdesarrolladas a la vez que amortiguan los problemas sociales y de pobreza extrema.

La Organización Mundial para las Migraciones calcula que hay aproximadamenmte 30 millones de migrantes trabajadores en el mundo que envían a sus países de origen alrededor de 67 mil millones de dólares anuales. Muchos estudios sitúan estas remesas en el segundo lugar como fuente de divisas en el ámbito mundial, sólo superada por el petróleo. En varios países, como El Salvador, la principal entrada de divisas depende de los envíos de las trabajadoras y los trabajadores migrantes a sus familias. Incluso en países como México, que tiene una economía altamente exportadora y con una amplia industria maquiladora, las remesas enviadas por los trabajadores migrantes ocupan el cuarto lugar en importancia como entrada de divisas. Es por ello que a muchos gobierno no le interesa reglamentar la movilidad de la mano de obra.

Los Estados Unidos, el mayor país receptor de mano de obra migrante, ha endurecido y, en gran medida, militarizado, su política migratoria. Ha subordinado la política migratoria de otros países, como México, para que sirvan de muro de contención a los flujos migratorios de Centroamérica y el Caribe. El resto de los países del continente no está exento de graves problemas fronterizos vinculados con el flujo de trabajadores migrantes.

A futuro, los acuerdos de liberalización comercial y de inversión deberán abordar la problemática de derechos humanos (en el sentido integral del término tal como lo hemos manejado en el capítulo sobre este tema) como reglamentaciones sobre la movilidad transfronteriza de la mano de obra.

Principios rectores

Todos los países del continente deben suscribir o ratificar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (1990). Se debe crear, además, un instrumento similar en nuestro continente. Esta Convención, al igual que los demás instrumentos jurídicos mencionados en el capítulo de derechos humanos, debe formar parte del marco jurídico internacional de referencia en cualquier negociación comercial o financiera.

Se debe prohibir la aplicación extraterritorial de políticas migratorias nacionales que no sean pactadas democráticamente entre los países involucrados. Esto significaría eliminar ciertas prácticas actuales, por ejemplo, la exigencia de visa estadounidense por parte de algunos países como requisito para el permiso de entrada a su territorio, así como los puestos de preinspección que Estados Unidos pretende instalar en los aeropuertos y fronteras de algunos países del continente y que ya existen en Canadá.

Los gobiernos deben excluir el uso de la violencia o de la fuerza excesiva en la aplicación de las leyes y políticas migratorias nacionales y establecer comisiones binacionales, con participación de organismos no gubernamentales de derechos humanos, para vigilar la aplicación de las leyes nacionales de migración y garantizar el respeto estricto de los derechos humanos.

Fortalecer los mecanismos de protección diplomática de los migrantes. .

Los gobiernos deben impulsar legislaciones nacionales humanitarias en materia de inmigración con la participación de organizaciones no gubernamentales y de migrantes en las etapas de elaboración, implementación y evaluación de las mismas.

Los trabajadores inmigrantes deben tener los mismos derechos y condiciones de trabajo que los trabajadores del país receptor, independientemente de su condición migratoria. Debe sancionarse severamente el que los patrones utilicen la calidad migratoria de un trabajador para explotarlo en condiciones y salario inferiores a los que la ley exige.

Los acuerdos comerciales y de inversión deben incluir subsidios internacionales para programas específicos de desarrollo en zonas altamente exportadoras de mano de obra.

Existe una gran diversidad en los problemas y situaciones relacionados con la migración entre los países del continente. En algunos casos es viable y conveniente una política de puertas abiertas y en otros no. Por lo tanto, el marco de las negociaciones continentales debe promover pactos binacionales o subregionales en materia migratoria entre aquellos países o zonas en que exista un tránsito más intenso de migrantes. Estos convenios deberían tender a homologar los derechos laborales y los sistemas de seguridad social hacia arriba, así como internacionalizar la cobertura de los mismos.

Rol del Estado

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El rol del Estado es irremplazable en la conducción de la integración económica que tenga como objetivo la promoción de la justicia social, la búsqueda de equidad entre regiones y grupos sociales y la sustentabilidad. El Estado democrático debe ser un instrumento de la sociedad para enfrentar los problemas económicos y sociales que el mercado no puede resolver. Por tanto, la discusión no debe plantearse como disyuntiva entre estado o mercado.

La experiencia histórica pasada y presente muestra que la fluidez de los mercados necesita del Estado. Por otra parte, la economía no sólo es mercado, también es producción (sin limitarse a lo comercializado). Ello también exige la incidencia del Estado para crear condiciones adecuadas y propiciar una dinámica de crecimiento estable, sustentable y sobre todo con bienestar social. El abrir las economías a la dinámica de la economía mundial no significa necesariamente dejarlas al capricho del mercado internacional. Además, el libre mercado no existe debido a la presencia de grandes corporaciones que dominan y manejan el mercado. Cuando se habla de abrir mercados en realidad se deja en libertad a esas corporaciones para manejar y dominar los mercados según sus intereses. No existe ninguna experiencia histórica que demuestre que el mercado por sí mismo logre los equilibrios generales de la economía, mucho menos la sustentabilidad y justicia social.

El meollo está en abrirse al mundo a partir de proyectos nacionales de desarrollo justos y sustentables conducidos por Estados democráticos y no dejar el futuro del desarrollo únicamente a las fuerzas del mercado. Las economías abiertas necesitan, con mayor razón, regulaciones tanto nacionales como internacionales y un Estado fuerte con capacidad para promoverlas y hacerlas cumplir.

En el modelo económico dominante se reduce la intervención del Estado en la economía, pero sigue existiendo, privilegia el papel de promoción del sector exportador y del capital financiero. Al privilegiar la exportación, los trabajadores y, en general, la mayoría de la población dejan de ser considerados como consumidores estratégicos y con ello su empobrecimiento ya no afecta a los sectores de punta del capital.

El discurso dominante sataniza al Estado y asume que el mercado puede hacer todo mejor. Los programas de ajuste impuestos por el Banco Mundial y el FMI aumentan esta presión en el mismo sentido, dando como resultado una creciente tendencia hacia la privatización. Los gobiernos, por su parte, ven en las privatizaciones una vía para resolver en el corto plazo sus crisis fiscales y para equilibrar sus presupuestos. También se convierte en un mecanismo de enriquecimiento ilícito y favoritismos a determinados grupos económicos.

Existen cuatro problemas con esta tendencia privatizadora. 1) Disminuye la capacidad del Estado de conducir proyectos de desarrollo sustentable y justos; 2) A largo plazo reduce sus ingresos lo cual generalmente se traduce en disminución de su gasto social; 3) Se crean serias injusticias en la distribución de los servicios públicos, afectando especialmente a las mujeres y gente empobrecida; 4) Las privatizaciones son usadas como un mecanismo para reducir los salarios y beneficios a los trabajadores organizados, ya que al venderse los servicios generalmente se sustituyen los antiguos contratos colectivos de trabajo por nuevas condiciones más "flexibles" en las que se pierden derechos, poder de negociación e incluso prestaciones económicas.

Proponemos la gestación de un nuevo Estado democrático, responsable económica y socialmente ante sus ciudadanas y ciudadanos y que enfrente radicalmente la corrupción en todos sus niveles. Debe ser un Estado con un nuevo papel cualitativo en la dinámica económica. No proponemos un Estado "obeso" cargado de grandes e ineficientes empresas. Lo importante no es el número o el tamaño de las empresas, sino el papel que cumplen. Las decisiones sobre las empresas que deben ser públicas corresponden a la sociedad y no sólo al gobierno.

No se trata de un Estado proteccionista tradicional, sino de un Estado socialmente responsable ante la sociedad que pueda impulsar un proyecto de desarrollo definido democráticamente. Ello puede llevar a proteger ciertos sectores que se consideren estratégicos según cada proyecto nacional, pero se trata más bien de la promoción de un desarrollo orientado al porvenir. Un Estado regulador tampoco implica inhibir la iniciativa privada. Al contrario, significa establecer reglas claras para compatibilizar derechos con obligaciones y asegurar que tanto el capital nacional como el internacional promuevan el desarrollo nacional justo y sustentable.

Este renovado papel del Estado implica regulaciones internacionales que sean pactadas democráticamente y en consulta con las y los ciudadanos. La soberanía reside en el pueblo y éste puede decidir someterse a regulaciones internacionales de beneficio colectivo. Más aun, son cada vez más necesarias las regulaciones internacionales dado el poder supranacional de algunas empresas que operan en nuestras economías y el peso y la movilidad de los capitales golondrinos. Este renovado papel del Estado implica regulaciones internacionales que sean pactadas democráticamente y en consulta con las y los ciudadanos. La soberanía reside en el pueblo y éste puede decidir someterse a regulaciones internacionales de beneficio colectivo. Más aun, son cada vez más necesarias las regulaciones internacionales dado el poder supranacional de algunas empresas que operan en nuestras economías y el peso y la movilidad de los capitales golondrinos.

Este nuevo y estratégico papel del Estado en la dinámica económica y social implica una reforma fiscal integral con una lógica productora y redistributiva, a la vez capaz de recaudar los recursos suficientes para evitar déficit fiscales que, por su magnitud, se conviertan en un problema para el desarrollo.

Nada de lo pactado internacionalmente debe implicar la renuncia o menoscabo de la capacidad de los Estados para cumplir con estas exigencias económicas y sociales de sus ciudadanos. En caso de que lo pactado en otros ámbitos o capítulos menoscabe esta capacidad prevalecerá este principio general.

Principios rectores

1. Acerca de las responsabilidades económicas y sociales del Estado

La primera tarea del Estado es animar el debate y crear los mecanismos permanentes de consulta sobre políticas nacionales e internacionales.

El Estado es el responsable de conducir una estrategia económica consensada, que lleve al bienestar social, y de políticas sociales que lo refuercen. No debe escatimar esfuerzos en la promoción de la generación de empleos bien pagados, pues éstos son la forma más digna de alcanzar el bienestar.

La participación en la economía mundial exige que un país se dote de un sector exportador fuerte, pero ello no debe llevar al descuido del mercado interno. La fuerza del sector exportador de un país no sólo se mide por el volumen de exportación, sino cualitativo, que implica promover la integración de cadenas productivas nacionales para que sea un verdadero motor del crecimiento general y con ello de empleos indirectos de alta calidad. La importancia del mercado interno radica en convertir a la mayoría de la población en consumidores estratégicos. La elevación de sus niveles de vida se vuelve entonces una necesidad económica para ampliar el mercado interno y no sólo una exigencia de justicia.

El Estado tiene una tarea ineludible en la creación de condiciones que favorezcan la competitividad de las empresas nacionales, tanto en el exterior como en el propio mercado interno. La competencia sanciona empresas con bajos niveles de productividad, pero no la produce Para ello debe promover la investigación y el desarrollo tecnológico, así como la educación, que son indispensables para un país viable. Debe plantearse una política industrial explícita que incluya creación de infraestructura, crédito accesible, educación e investigación que promueva la creación de tecnología adecuada e integración de las cadenas productivas.

El papel social del Estado requiere que brinde seguridad y servicios públicos y promueva el bienestar de toda persona. Ello implica políticas específicas orientadas a los sectores más vulnerables de la población, las cuales deben traducirse en legislaciones que establezcan derechos y no en políticas discrecionales o de clientelismo. El objetivo central del Estado debe ser el desarrollo justo y sustentable para todos, sin por ello excluir medidas asistenciales de emergencia o compensatorias para grupos específicos.

Educación. Los estados deben asumir plenamente sus responsabilidades en el financiamiento de la educación, la repartición igualitaria de los recursos, el establecimiento de un curriculum común básico. Sin embargo, deben respetar el carácter multilingüe, multicultural y multiétnico. La descentralización educativa que se requiere para lograr la autonomía de comunidades con culturas específicas en la elaboración de planes de estudios no debe conducir a que los Estados abandonen su responsabilidad de financiar los costos de la educación o la distribución equitativa de recursos. La educación es un derecho que no se puede supeditar a la capacidad de la gente para pagarla.

Mejorar la calidad y el acceso a la educación requiere nuevas fuentes de financiamiento. Una parte de los ingresos provenientes de un impuesto sobre las transacciones financieras internacionales debe asignarse a los países con presupuestos más limitados para la inversión en la educación. (véase el capítulo 8 sobre finanzas internacionales).

En los países del continente americano, la educación debe favorecer una formación integral de la persona. En este sentido, los sistemas de educación deben lograr un mejor equilibrio entre las visiones utilitaristas de la educación, que responden a las necesidades del mercado económico, y las visiones humanistas de la educación, que permiten a los individuos participar activa y plenamente en la sociedad en que viven.

Debe darse prioridad a la alfabetización y a la formación básica para todos. Se debe reforzar el acceso a los estudios secundarios y superiores para permitir al conjunto de las sociedades del continente americano una plena participación en la "globalización de los conocimientos", sin que ello conduzca a una homogeneización de éstos.

La utilización de las nuevas tecnologías debe favorecer el acceso al conocimiento y permitir la circulación de los diversos conocimientos provenientes de todas las comunidades culturales. Las nuevas tecnologías, como las computadoras, deben ser usadas en las escuelas sin sustituir a los profesores. Las nuevas tecnologías de informática y de comunicaciones no deben convertirse en otra herramienta de exclusión y discriminación.

Todo plan de acción en educación debe incorporar medidas dirigidas a mejorar las condiciones de vida en la infancia y la juventud en el ámbito familiar. Especial importancia debe tener la educación y las campañas masivas dirigidas a los niños para evitar el consumo de drogas. Para ello son necesarios los apoyos financieros, psico-sociales y de salud pública. En el mismo sentido, tampoco se debe descuidar la educación de adultos.

Salud. Tal como la educación, la salud es un derecho elemental que no se puede supeditar a los recursos de que dispone la gente. Debe ser una responsabilidad del Estado proporcionar servicios de salud de alta calidad para todos. Deben generarse fondos internacionales dedicados a este fin que se financien con una porción de los ingresos generados por el impuesto aplicado a las transacciones especulativas en el ámbito internacional (véase el capítulo 8).

El acceso al sistema público de salud debe ser general y no supeditado a tener un empleo formal, ya que en la mayoría de nuestros países el desempleo, el empleo precario y el empleo informal afectan a la mayoría de la población. Los servicios deben considerar las necesidades específicas de las mujeres y prever su acceso a ellos.

Debe garantizarse el acceso a los servicios públicos de salud de las comunidades y pueblos indígenas, pero a la vez debe apoyarse el desarrollo y difusión de la medicina tradicional y el conocimiento milenario, muchas veces detentado por mujeres, que estas comunidades poseen.

Los sistemas de seguridad social (incluidas las pensiones) deben mantenerse bajo la responsabilidad del Estado y los fondos de ahorro con los que se financian deben ser manejados por él y canalizados como crédito a proyectos prioritarios para el desarrollo nacional. Se debe evitar que tales fondos ingresen al circuito especulativo que sólo concentra la riqueza social en menos manos.

2.-Acerca de la regulación económica

Los reglamentos deben:

Ser claros y explícitos en su diseño, para evitar la discrecionalidad de los funcionarios encargados de aplicarlos.

Ser democráticamente consensados.

Ser simples y de fácil implementación.

Reducirse a lo indispensable para alcanzar los objetivos fijados.

Preservar la soberanía de las provincias, regiones o estados, en el ámbito de su competencia, para hacer valer su propia reglamentación, siempre y cuando ésta sea para el beneficio de sus comunidades y no la expresión de privilegios a particulares o con base en la discriminación social o de género.

Cada país podrá establecer reglamentos específicos para determinados sectores que, de acuerdo con su proyecto nacional de desarrollo, considere especialmente relevantes, como los siguientes: la explotación de recursos naturales; el sistema financiero y monetario, especialmente el manejo del sistema de pagos y la inversión financiera de corto plazo; la producción agrícola de la dieta básica y/o en manos de pequeñas unidades familiares de producción; sectores estratégicos vinculados con la soberanía nacional o con la estabilidad económica nacional.

No se trata de sectores protegidos o vedados a la inversión extranjera o a la apertura comercial, sino de sectores en que éstas deben ser especialmente reguladas.

3 Acerca de las empresas públicas

La empresa pública es una empresa de propiedad social, sólo administrada por el Estado. Su finalidad no es la obtención de lucro individual, sino el buen desarrollo del proceso económico, o como garantías de la soberanía e instrumentos de justicia social y ambiental.

Es responsabilidad de los Estados, sin embargo, asegurar que las empresas sean sólidas y eficientes

Debe combatirse la corrupción, mediante mecanismos como el control del poder legislativo y de la sociedad misma.

La conservación, creación o privatización de una empresa pública debe ser decidida por el poder legislativo que represente la voluntad del pueblo. En el caso de empresas estratégicas las leyes deben exigir consulta amplia y directa a la sociedad.

Cuando las leyes nacionales así lo determinen, algunas empresas públicas pueden ser facultadas para el manejo, producción, transporte o comercialización exclusiva de algunos bienes o servicios.

Las empresas públicas no se consideran monopolios ni serán sometidas a leyes antimonopolio.

El manejo y evaluación de las empresas públicas no se basará solamente en criterios de precio y calidad, sino por la consecución del objetivo específico para el que fueron creadas.

4- Acerca de las compras gubernamentales y contratos de obras públicas

Las compras gubernamentales y las obras públicas tienen una gran incidencia en sectores específicos de la planta productiva. Dado que se realizan con recursos de las y los contribuyentes, deben seguir siendo un instrumento de la política económica para el desarrollo nacional. Por lo tanto deben someterse a los siguientes criterios:

Serán sometidas a concurso abierto y transparente para evitar corrupción en su adjudicación, aunque deben aceptarse algunas excepciones de las que hablaremos más adelante.

Los criterios de la licitación no serán exclusivamente mercantiles (de precio y calidad). Podrán, además, incluir criterios como los siguientes:

Contenido nacional de un bien o servicio que esté integrado de algún modo a las cadenas productivas nacionales.
Tipo de tecnología involucrada y sus efectos en el medio ambiente.
Transferencia de tecnología.
Número de empleos generados en el país y el salario correspondiente a los mismos.

Garantías especiales de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa nacional.

Garantías especiales de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa nacional.

Los países podrán establecer listas de proveedores cuyo desarrollo consideren estratégico para la nación (por el desarrollo de tecnología apropiada, el efecto de arrastre sobre otros sectores de la economía, el volumen de empleo que generan o el avance hacia la equidad de género o de razas) y darles prioridad sobre un proveedor extranjero. Para que esta prioridad a nacionales no signifique la protección de ineficiencias o costo excesivo sobre los recursos públicos, se establecerán plazos de vigencia de ese privilegio así como márgenes porcentuales de diferencia sobre los concursantes que ofrezcan mejor precio o calidad y una satisfacción similar de los otros criterios establecidos en la licitación. Estos plazos y márgenes de preferencia serán pactados con esos sectores y se conjugarán con apoyos necesarios para que al término del plazo las empresas puedan ser competitivas en el ámbito internacional.

Las compras gubernamentales deben ser un instrumento utilizado para favorecer a grupos marginados o afectados por la discriminación, como los grupos étnicos, las cooperativas o los productores provenientes de regiones del país especialmente deprimidas o con altos márgenes de pobreza extrema. Countries may establish lists of high-priority suppliers whose development they consider strategic for reasons of national development (such as the development of appropriate technology, spin-off effects on other economic sectors or the number of jobs they generate or on the achievement of gender or racial equity) and give them priority over foreing suppliers. To ensure that the priority given to nationals does not protect inefficiencies or place an excessive burden on public resources, suppliers should be required to offer bids within a certain percentage of competing foreign bids, comply with other criteria of the tendering process, and receive privileged status for a limited time. These preferential terms will be negotiated in conjunction with the supports necessary to bring the domestic suppliers up to the international competitive standard within a set timeframe. Government procurement should also be used to protect and benefit groups affected by discrimination and marginalization, such as certain ethnic groups, cooperatives, or producers in particularly depressed regions or those with high levels of extreme poverty.

Las controversias sobre compras gubernamentales deberán asumir explícitamente la validez de los criterios anteriores y resolverse primeramente en instancias nacionales y sólo agotadas éstas, podrá recurrirse al arbitraje internacional.

Inversión extranjera

Antecedentes

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Renato Ruggiero, director general de la Organización Mundial de Comercio (OMC), ha comparado las negociaciones de los acuerdos internacionales de inversiones con "la redacción de una constitución de una economía mundial única" En efecto, las reglas de inversiones incluidas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y en la propuesta del Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) se asemejan a una constitución que determina lo que un gobierno puede o no hacer.

Ambos -el TLCAN y el borrador del AMI- se basan en el principio de "tratamiento nacional" lo cual implica que los inversionistas extranjeros sean tratados "de manera no menos favorable" que las empresas nacionales. Aunque las negociaciones sobre el AMI al interior de la OCDE parecen haberse detenido, la propuesta de borrador está claramente orientada a servir de base para cualquier capítulo de inversiones dentro del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Quienes proponen el AMI también quisieran integrar esas medidas a la revisión del código de los Acuerdos sobre las Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio (MIC, en inglés: Trade-Related Investments Measures, TRIMs) dentro de la OMC.

Todos estos acuerdos sobre inversiones están sesgados en favor de facilitar a los inversionistas transnacionales su movilidad alrededor del planeta con una interferencia mínima de los gobiernos y de las instancias reguladoras internacionales.

En este documento contraponemos un código de inversiones basado en principios que difieren fundamentalmente de los incluidos en el AMI y el TLCAN.

Principios rectores

La inversión extranjera es bienvenida a nuestros países siempre y cuando se adhiera a los reglamentos que garanticen los derechos económicos y sociales de los ciudadanos y la sustentabilidad.

Esta regulación debe ser definida democráticamente por los gobiernos en consulta con sus pueblos.

En la eventualidad de un conflicto deben tener prioridad los derechos humanos, laborales y ambientales reconocidos por convenios internacionales sobre los derechos de los inversionistas. Los países firmantes deben ratificar al menos los siguientes tratados, convenios o acuerdos internacionales: la Declaración Universal de Derechos Humanos; los convenios de la OIT sobre libertad sindical, negociación colectiva, trabajo infantil, trabajos forzosos y la nodiscriminación; la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo de San Salvador y los acuerdos internacionales sobre medio ambiente, incluyendo el Protocolo de Montreal sobre Sustancias que dañan la Capa de Ozono, la Convención Basel sobre el Control de Traslados Transfronterizos de Desechos Peligrosos y el Protocolo de Kioto sobre emisiones de gas que producen el efecto invernadero.

Esta regulación debe ser pactada multilateralmente para evitar competencias desleales entre los países para atraer las inversiones. Una competencia que tiene como resultado una carrera hacia abajo es en sí injusta. Por ejemplo, si un gobierno fuese a bajar sus normas o a dejar de respetar las leyes laborales o de medio ambiente para atraer la inversión extranjera, sería culpable de competencia desleal.

Los acuerdos internacionales sobre la regulación de inversiones deben tomar en cuenta las asimetrías de poder y de desarrollo entre los países.

Los acuerdos deben respetar también la diversidad de las jurisdicciones políticas (estados, provincias, municipios y gobiernos aborígenes) existentes en algunos países.

Objetivos específicos

Regular las inversiones no debe significar la imposición de controles excesivos sobre los inversionistas o el establecimiento de protección a industrias ineficientes. Por el contrario, debe orientar la inversión y crear condiciones para permitir que ésta sirva a los objetivos del desarrollo nacional a la vez que obtenga utilidades razonables.

Los gobiernos deberán tener poder para:

Compatibilizar la necesidad de abrirse a la economía mundial con la capacidad de los países para implementar proyectos nacionales de desarrollo viables.

Estimular y atraer inversiones productivas que aumenten los vínculos entre las economías locales y la nacional; y por el contrario, desestimular aquellas que no contribuyen al desarrollo, especialmente las inversiones especulativas o de cartera de muy corto plazo que conducen al rápido flujo de capital, generando una gran vulnerabilidad y crisis económicas.

Hacer jugar a la inversión extranjera un papel activo en la creación de las condiciones macroeconómicas para el desarrollo.

Proteger a las empresas locales, pequeñas, comunitarias y familiares de la injusta competencia extranjera.

Permitir que los gobiernos reserven por ley algunos sectores en propiedad exclusivamente pública o estatal (como el petróleo), otros a inversionistas exclusivamente nacionales (como la radio y la televisión) y otros con un porcentaje obligatorio para nacionales (como el sector de finanzas).

Requisitos de desempeño

Los requisitos de desempeño no tienen que ser un mecanismo proteccionista, sino un mecanismo para que los beneficios de las inversiones corporativas sean compartidos por los países receptores. Las prohibiciones sobre requisitos de desempeño existentes en el TLCAN y el AMI impiden que las comunidades locales y nacionales implementen políticas de desarrollo económico que pongan las inversiones al beneficio de la gente común.

Los gobiernos podrán imponer requisitos de desempeño a los inversionistas para alcanzar los siguientes objetivos:

Exigir un porcentaje de contenido nacional o de compras de insumos en el país receptor que provoque la integración de las empresas extranjeras al proyecto de desarrollo nacional. Con ello evitaría que las empresas extranjeras se conviertan en un enclave que sólo aprovecha recursos naturales y la explotación laboral.

Dar preferencia a la contratación de personal local.

Fijar y alcanzar un mínimo nivel de participación local en las inversiones

Respetar las normas laborales más altas y nunca por debajo de los consignados en las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo en materias de libertad sindical, negociación colectiva, trabajo infantil, trabajo forzoso y discriminación contra la mujer y las minorías.

Implementar la Convención de las Naciones Unidas para Eliminar Toda Forma de Discriminación contra la Mujer.

Cumplir los tratados internacionales sobre el medio ambiente, como el Protocolo de Montreal sobre Sustancias que dañan la Capa de Ozono y el Protocolo de Kioto sobre emisiones de gas que producen efecto invernadero.

Obtener transferencia de tecnología apropiada.

Evitar los efectos desestabilizadores provocados por el retiro masivo y simultáneo de capitales golondrinos, requiriendo que las inversiones de cartera y en el mercado de capitales permanezcan depositadas por un plazo mínimo. Una forma de obtener este objetivo es requiriendo que una porción del capital de cartera (de 20 a 30%) sea depositada a plazo fijo (por ejemplo, un año) en el Banco Central.

Notificar adecuadamente a la comunidad local de un cierre o traslado e indemnizar adecuadamente a la comunidad local, tanto de acuerdo con las normas laborales mínimas como mediante pagos por saneamiento ambiental. Además, los gobiernos pueden congelar los activos de una corporación hasta que se haya indemnizado adecuadamente a los trabajadores y a las comunidades afectadas por el retiro de la inversión, contravención de convenios colectivos o daños ambientales.

Restringir la cantidad de activos que pueden ser repatriados en un año y el tipo de inversión financiera que puede ser transferida a través de instrumentos como la aplicación de impuestos a las transferencias financieras.

Cuando se justifica en razones sociales o humanitarias, exigir licencia obligatoria para el uso de tecnología y para medicinas genéricas.

Ofrecer incentivos para la reinversión de ganancias.

Requerir la aprobación local para la explotación de recursos naturales, tales como la pesca y productos forestales para la preservación del medio ambiente.

Aportar a los fondos de pensiones de los trabajadores, al seguro de desempleo y de salud, y mediante el pago de impuestos justos, a la infraestructura económica (caminos) y social (educación).

Resolución de controversias

Los grupos ciudadanos, pueblos indígenas, organizaciones locales de desarrollo comunitario y los gobiernos a todos los niveles deberían tener el derecho de demandar a los inversionistas por violaciones al Código de Inversiones. Todos los procedimientos judiciales y cuasi judiciales, como el arbitraje, deben de ser totalmente transparentes y abiertos al escrutinio público. Deben existir fondos disponibles para facilitar la intervención de grupos que no tengan los medios necesarios para cumplir con los procedimientos legales. Es el caso de comunidades nativas, grupos ambientalistas, sindicatos u organizaciones sociales o civiles, etcétera.

Expropiación

Debe ser permitida. la exportación de activos corporativos para servir a necesidades vitales a la comunidad. La indemnización por los recursos expropiados deberá ser determinada por legislación nacional, teniendo en consideración el valor de la inversión extranjera inicial, el avalúo catastral y la cantidad de riqueza extraída del país durante el tiempo que duró la inversión. Los inversionistas deberán apelar en cortes nacionales en casos que ellos juzguen que la indemnización es inadecuada y sólo podrán apelar a tribunales o mecanismos arbitrales internacionales cuando hayan sido agotados los procedimientos nacionales.

Finanzas internacionales

Antecedentes

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El sistema financiero internacional debe ser reformado. No podemos continuar en bandazos de una crisis a otra implementando rescates financieros que benefician a los ricos a expensas de los pobres. El peso de la deuda externa debe ser levantado, en tanto continúa la transferencia perversa de riqueza desde pueblos empobrecidos a sus acreedores. Desde el año 1981 hasta 1987, los países con menos desarrollo han pagado US$1.5 billones más en pagos de servicios a la deuda que lo que han recibido en nuevos préstamos. En 1997, los países de América Latina tenían una deuda externa de más de US$ 650 mil millones. Estos pagos de la deuda, sumados a las condiciones de ajuste estructural impuestas por los acreedores, han exacerbado las injusticias entre las naciones y han distorsionado el desarrollo.

El aumento de la especulación financiera a expensas de las inversiones en la producción amenaza el bienestar de la gente trabajadora en todas partes, tanto en el Norte como en el Sur. Las reglas de inversión del TLCAN, la propuesta del AMI y la propuesta de modificación de artículos de los acuerdos del Fondo Monetario Internacional están diseñados para permitir a los inversionistas mover cantidades ilimitadas de capitales desde un país a otro en cualquier momento. Es de suponer que los negociadores del ALCA van a intentar propuestas similares. Nuestra visión de las regulaciones financieras internacionales tiene una lógica diferente.

Principios rectores

El sistema financiero internacional debe asegurar estabilidad y asignar fondos para fines productivos.

Medidas de carácter nacional e internacional deben ser adoptadas para minimizar las consecuencias destructivas de la especulación y el movimiento rápido de capitales..

Las instituciones financieras internacionales deben promover un desarrollo social y económico sostenible en lugar de las políticas de austeridad y ajuste estructural que empobrece a los pueblos y erosiona los sistemas de salud, educación y el medio ambiente.

Las deudas contraídas por dictaduras militares represivas son ilegítimas y deben ser anuladas por ser "deudas odiosas".

La deuda remanente de algunas naciones es tan elevada que hace imposible el desarrollo sostenible. La deuda externa acumulada debido a altas tasas de interés es insostenible y debe ser renegociada y parcialmente anulada, debiendo ser pagado el saldo remanente a largo plazo y a baja tasa de interés.

Objetivos específicos:

Deben pactarse multilateralmente nuevos mecanismos de regulación del capital especulativo que eviten la inestabilidad y vulnerabilidad de las economías nacionales y del sistema financiero internacional.

Dado que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han fallado en no supervisar el sistema financiero internacional en el sentido de apoyar el desarrollo productivo y sustentable, deberían ser restructurados profundamente o, en su defecto, ser remplazados por nuevas instituciones internacionales.

Las autoridades nacionales deben tener la capacidad de regular los flujos de capitales "calientes". Existe, a nivel internacional, una amplia gama de propuestas concretas para enfrentar los problemas, que deben ser discutidas y evaluadas. A la vez, hay un amplio consenso de que algo se debe hacer para privilegiar el flujo de inversiones directas y productivas, asegurar que las inversiones de cartera sean de más largo plazo y prevenir la inestabilidad que puede causar su rápido movimiento. Estas medidas deben incluir impuestos a las ganancias especulativas, regulaciones sobre el tiempo mínimo de permanencia de las inversiones en un país e incentivos a la inversión directa y productiva.

Cualquier acuerdo para las Américas debe incluir disposiciones que permitan a los gobiernos canalizar la inversión extranjera hacia actividades productivas en lugar de las especulativas. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte debe ser modificado en este sentido. De la misma manera, cualquier acuerdo bajo los términos de la OMC o hemisférico debe reflejar la misma orientación, a pesar de los posibles intentos por incorporar los peores elementos del frustrado Acuerdo Multilateral de Inversiones.

Un impuesto sobre transacciones de divisas, como el propuesto por el economista y ganador del Premio Nobel James Tobin, debe ser utilizado para desalentar la especulación sobre las divisas y permitir a los gobiernos nacionales tener mayor control sobre sus políticas monetarias. Los ingresos del impuesto Tobin (calculado en US$302 mil millones cada año en el supuesto conservador de que fuera de 0.25%) deberían ser administrados por una agencia independiente de las Naciones Unidas y utilizados para el desarrollo social y económico.

Todo acuerdo entre países con diferentes niveles de desarrollo debe incluir financiamientos compensatorios que les posibiliten alcanzar la competitividad que implica la integración así como financiar sus programas sociales. Estos procedimientos han sido llevados a la práctica por la Unión Europea, en la cual los países con más recursos han canalizado apoyo para el desarrollo a España, Grecia, Portugal e Irlanda para mejorar el nivel de vida y acercarlo al de las otras naciones de la UE. En el hemisferio occidental la forma más eficaz de igualar el terreno sería a través de una reducción importante de la deuda de los países con más bajos ingresos. Por ello en el marco del ALCA debe incluirse la negociación de una reducción al principal de la deuda externa, tasas preferenciales de intereses y plazos de pago más largos.

Las condiciones ortodoxas de ajuste estructural exigidas por el Banco Mundial y el FMI deben ser abandonadas, pues evidentemente no han podido resolver la crisis de la deuda, causando en cambio graves dificultades para los sectores más pobres de la población. En su lugar, los países deben adoptar políticas de desarrollo económico similares a las propuestas por la Comisión Económica para África en su informe Marco Alternativo Africano para Programas de Ajuste Estructural para la Recuperación y Transformación Socioeconómica.

Deben fortalecerse los bancos centrales y/o entidades reguladoras de los sistemas financieros para evitar la subordinación a los intereses oligopólicos de los grandes bancos nacionales e internacionales, incluyendo los multilaterales. Los bancos centrales y la política monetaria y financiera deben liberarse de intereses electoralistas de corto plazo, partidistas y de grupos. Por ello deben adquirir cierta autonomía respecto del poder ejecutivo, pero de ningún modo deben ser completamente autónomos y libres de los mecanismos de control de la sociedad que se expresan en las asambleas legislativas y congresos elegidos democráticamente.

Los bancos centrales y las entidades reguladoras de los sistemas financieros nacionales deben concertar acciones internacionales para reducir tasas de interés, estimular la demanda de productos y servicios e impulsar inversiones en la producción, pero no en la especulación. La cooperación internacional es también necesaria para combatir el lavado de dinero.

Ningún acuerdo internacional debe menoscabar la capacidad de los Estados para diseñar políticas monetarias y financieras para el desarrollo y bienestar de sus pueblos.

Derechos de propiedad intelectual

Antecedentes

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Los derechos de propiedad intelectual están teóricamente orientados a reconocer los derechos sobre todo lo producido por la mente humana, tales como invenciones, música o libros. Sin embargo, la reciente ola de acuerdos comerciales ha establecido disposiciones en materia de derechos de propiedad intelectual que favorecen, protegen y compensan preferentemente las actividades auspiciadas por las corporaciones. Uno de los puntos que causa mayores preocupaciones ha sido el surgimiento de derechos de propiedad intelectual sobre los productos derivados de la biodiversidad. Bajo estas medidas, las corporaciones asumen el derecho de patentar productos que tradicionalmente han sido considerados de propiedad común de comunidades locales.

Principios rectores

Las disposiciones de propiedad intelectual contenidas en los acuerdos comerciales, como el TLC de Norteamérica, la OMC y el ALCA, deberían limitarse a materias relacionadas directamente con el comercio, tales como el comercio de productos falsificados. Estas disposiciones no deberían extenderse en el sentido de autorizar sanciones comerciales contra determinados países para forzarlos a adoptar medidas que subordinen los intereses de las poblaciones nacionales a los de las corporaciones transnacionales o de sus subsidiarias nacionales. Por ejemplo, donde existen leyes nacionales que exigen que los inversionistas extranjeros transfieran la tecnología apropiada al país receptor, ningún tratado comercial o de inversiones debería permitirles esquivar esas leyes.

Antes de otorgar protección legal a los privilegios de propiedad intelectual a las empresas privadas, los gobiernos deberían asegurar el cumplimiento con sus responsabilidades ante el conjunto de la sociedad (por ejemplo, que los productos patentados estén disponibles a precios accesibles) y algunos grupos sociales (como los grupos defensores de la biodiversidad).

Mientras cada país tiene el derecho soberano de establecer sus propias leyes de patentes y marcas comerciales, también deben ser pactados acuerdos internacionales sobre la propiedad intelectual a través de organismos como la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) y la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Comercio. Tales acuerdos deberían facilitar la transferencia de tecnología para reducir la enorme asimetría técnico-científica entre naciones, así como el abismo en beneficios derivado de ésta.

Objetivos específicos:

Excluir la patentabilidad de toda forma de vida, incluyendo especies animales y plantas, material y procesos biológicos y genéticos y combinación de éstos, entre ellos los derivados del cuerpo humano. Precisar la primacía de los acuerdos internacionales sobre biodiversidad por encima de los acuerdos comerciales, como el Acuerdo sobre Aspectos Relacionados con el Comercio de los Derechos de Propiedad Intelectual ("Acuerdo TRIPs" ). Éste es el acuerdo de referencia de la OMC para la resolución de conflictos entre el uso de la biodiversidad y su conservación y los intereses de quienes detentan privilegios patentados.

Exigir a los dueños de patentes farmacéuticas a otorgar obligatoriamente licencias a los productores de medicamentos genéricos. La licencia obligatoria no elimina los derechos de patentes, pero sí obliga a los detentadores de éstas a otorgar a otros el derecho de producir copias a cambio de pago por tal regalía (por ejemplo las medicinas genéricas usualmente se venden a precios más bajos que los de marcas de empresas farmacéuticas).

Proteger los derechos y el sustento de las y los trabajadores agrícolas y sus comunidades (especialmente las comunidades indígenas) que actúan como guardianes de la biodiversidad. Apoyar la Resolución Thammasat (firmada en diciembre de 1997 por representantes de más de 40 ONGs) que refuerza "los mecanismos de defensa de comunidades locales susceptibles ante la "bio-prospección" y ante la introducción de organismos genéticamente alterados. El término "bio-prospección" se refiere a la práctica de firmas farmacéuticas de enviar científicos a los hábitats naturales para recoger muestras con el propósito de determinar el contenido de propiedades que pudiesen ser patentadas con objetivos de lucro.

Apoyar la convocatoria del 11 de febrero de 1998, del Grupo Consultivo sobre Investigaciones Agronómicos Internacionales por aplicar una moratoria en el otorgamiento de patentes de todo tipo de materia genética almacenada por los centros de investigación del Grupo.

Support calls by local communities for a moratorium on bio-prospecting and encourage the development of national legislation to determine the terms of any bio-prospecting as local communities may decide to allow. Support the negotiation of the Convention on Biological Diversity's Protocol on Biosafety to require terms of liability and sanction for the illegal trans-boundary movement of genetically engineered organisms.

Apoyar los llamados de comunidades locales para aplicar una moratoria sobre la bio-prospección y promover el desarrollo de leyes nacionales que definan los términos aceptables de bioprospección, si las hubiera, según las comunidades locales. Apoyar las negociaciones del Protocolo sobre la Bioseguridad, como parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica, para que éste defina los términos de responsabilidad y sanciones por el movimiento transfronterizo ilegal de organismos genéticamente modificados.

Defender el derecho de los pueblos indígenas frente a investigaciones que utilicen tejido humano, sangre o muestras de ADN sin que los afectados lo autoricen o conozcan los objetivos de la investigación, y frente a la apropiación de sus técnicas y diseños artesanales.

Los contratos relativos a propiedad intelectual que prohiban la retención de semillas o que exijan la quema de granos como castigo por violación de los términos de esos contratos, deben ser supeditados al "ordre public" (concepto jurídico internacional que permite que los gobiernos adopten medidas de beneficio público o de salud publica relativas a la seguridad alimentaria).

Adoptar medidas especificas que alienten la transferencia de tecnología apropiada a los países en vías de desarrollo según las prioridades de desarrollo de cada país. En especial, promover la tecnología energética eficiente y renovable.

Asegurar la protección de derechos de autor de las y los artistas, escritores, músicos, artesanos y otros trabajadores culturales y no sólo los de los editores y de las industrias cinematográfica y discográfica, como ocurre en la actualidad bajo las disposiciones del artículo 1705 del TLCAN. Esta protección sería de especial beneficio para las y los productores artesanales en general, especialmente indígenas.

Desarrollo energético sustentable

Antecedentes

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Los acuerdos internacionales pueden jugar un papel muy importante en la transición, desde el uso de los combustibles fósiles y de energía nuclear a la conservación y uso de fuentes de energía limpias y renovables. Además de ser indispensable para el desarrollo económico, la energía es vital para sostener la vida humana. Asegurar las necesidades humanas esenciales debe ser el objetivo central de un plan de energía basado en la igualdad entre pueblos y generaciones.

Principios rectores:

Planificación integrada de recursos

La planificación integrada de recursos (PIR) propicia el mejor uso de las formas más apropiadas de energía tomando en consideración factores sociales y ambientales. La PIR considera varios criterios, no sólo los costos del mercado, en las decisiones relativas al uso de los recursos. Crea espacio para recursos renovables pues emplea el principio de cálculos del costo total ("full cost accounting"), el cual considera los costos sociales y ambientales al momento de evaluar opciones. La PIR incluye medidas de ahorro de energía y planificación para obtener eficiencia energética a modo de limitar la construcción de nuevas instalaciones y el uso de materia prima. La administración apropiada de la demanda es un componente esencial de la PIR. Igualmente, la PIR requiere consultas públicas como paso necesario hacia la construcción del consenso social en cada etapa de reorientación del mercado energético. Proponemos que los principios de la PIR sean incluidos en los acuerdos Inter-Americanos de integración.

Objetivos específicos:

En el ámbito hemisférico:

Hacer sostenible la producción y el consumo de energía, haciendo su utilización y producción más eficiente, renovable y limpia y con menor contenido carbónico.

Proveer de energía y servicios a precios accesibles a quienes no la tienen y a quienes son mal atendidos.

Minimizar los costos de energía de la sociedad aplicando el cálculo de los costos de "ciclo vital" a una variedad de recursos y opciones de destinatario final (end use). El cálculo basado en el ciclo vital incorpora el total de los costos sociales y ambientales involucrados en la elección del uso de una tecnología específica. Por ejemplo, la energía eólica continúa teniendo un bajo costo de ciclo vital, incluso después de calcular los costos de producción inicial, transporte y construcción de los molinos de viento.

En el ámbito nacional

Las decisiones sobre políticas energéticas deben estar guiadas por mecanismos de control creíbles para evaluar los impactos sobre el medio ambiente y facilitar la participación pública. Para promover una utilización adecuada de los recursos en una perspectiva ambiental y social deberían constituirse entidades nacionales públicas para supervisar las evaluaciones ambientales y administrar eficientemente los recursos energéticos.

En el ámbito supranacional

El derecho de reivindicar políticas de desarrollo nacional y de administración de los recursos debe ser acompañado por obligaciones colectivas.

Por lo tanto, cada país debe tener el derecho de administrar sus recursos renovables y no renovables sin ser obligado a continuar exportándolos incluso en tiempos de racionamiento nacional (como sucede con Canadá bajo las cláusulas del TLCAN, artículos 315 y 605, que exigen que entregue acceso proporcional a recursos energéticos; México está exento).

Al mismo tiempo, los países dotados de recursos de hidrocarburo no renovables deberían reducir su explotación para evitar emanaciones de gas que contribuyan a los cambios climáticos globales y al agotamiento de fuentes de recursos para las futuras generaciones. Los gobiernos también deberían apoyar una moratoria de exploración carboníferas de gas natural y petróleo en áreas nuevas, como medida hacia una utilización de recursos limpios y renovables.

Un acuerdo internacional debería permitir a sus signatarios el presentar quejas contra países que intenten obtener ventajas económicas poniendo en riesgo la sustentabilidad. Las instituciones nacionales e internacionales deberían cooperar en:

Crear incentivos reguladores para las inversiones en eficiencia energética y energía renovable.

Eliminar las políticas reguladoras de precios, las cuales subsidian y estimulan el aumento de ventas, consumo y utilización de combustibles fósiles.

Crear un Consorcio de Energía Eficiente y Tecnología Renovable, que promueva tales tecnologías.

Agricultura

Antecedentes

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La búsqueda por alcanzar la liberalización del comercio y de las inversiones dentro del ALCA podría causar serios problemas económicos y sociales en el sector agrícola. Entre otras consecuencias se pueden incluir la emigración desde los sectores rurales hacia las áreas urbanas y por ende, el crecimiento de zonas de pobreza y el aumento de la marginalidad, tanto en las áreas rurales como en las ciudades, lo cual creará mayor presión por servicios sociales sobre los gobiernos locales. En varios países, las grandes corporaciones presionan por la venta de terrenos agrícolas para ser convertidos en plantaciones forestales, lo cual resulta en la disminución de empleo y la pérdida de capital agrícola básico. Estos fenómenos harán que la seguridad alimentaria de nuestros países acreciente su dependencia y quede expuesta a la volatilidad de los precios en el mercado internacional.

A la luz de estos desafíos, la agricultura debe recibir un trato especial en los acuerdos de liberalización comercial y de inversiones, en lugar de ser considerado como un sector económico similar a los demás. La agricultura es un sector que cumple una serie de funciones esenciales para la seguridad y estabilidad de las naciones: preserva la riqueza cultural y multiétnica de las sociedades, preserva la biodiversidad, genera empleo y sustentabilidad (tanto en la agricultura como en otras actividades económicas afines), preserva la población de las áreas rurales, garantiza seguridad alimentaria básica y contribuye a un desarrollo sustentable con mayor estabilidad económica, social y política.

Por ende, para responder a los impactos de la integración hemisférica, se requiere la creación urgente de una estrategia de desarrollo rural de largo alcance y la adopción de una política agrícola integrada dentro de los acuerdos del ALCA.

Principios rectores

Los países deben asumir la responsabilidad de garantizar seguridad alimentaria. En los acuerdos comerciales internacionales deberían tener el derecho de proteger o excluir alimentos, tales como el maíz, que forman la dieta básica de sus pueblos.

Los países deben asumir la responsabilidad de garantizar seguridad alimentaria. En los acuerdos comerciales internacionales deberían tener el derecho de proteger o excluir alimentos, tales como el maíz, que forman la dieta básica de sus pueblos.

Los gobiernos deben abordar los temas ambientales y económicos específicos asociados al sector agro-forestal. Aunque reconocemos los diferentes niveles de desarrollo entre las naciones de las Américas, los gobiernos deben establecer los incentivos necesarios que permitan una evolución segura y continua hacia un desarrollo agro-forestal sostenible.

Los países deben trabajar en función de fortalecer la organización de su sector rural para garantizar que la población está debidamente representada, tanto en su relación con el Estado como con los mercados. Por ejemplo, a los pequeños productores y sus organizaciones, que han sido previamente excluidos, debería permitírseles jugar un papel activo en las negociaciones comerciales. El actual proceso de modernización del sector rural debe considerar a los sectores más vulnerables de la sociedad y adoptar salvaguardas para proteger a las minorías culturales y grupos sociales que no tienen los recursos ni posibilidades de integrarse eficientemente al mercado.

Para que la integración se dé en condiciones equitativas, es necesario un Estado eficiente que defina políticas, genere opciones y garantice transparencia y equidad. Apoyo a empresas familiares y cooperativas comprometidas en el procesamiento de mercancías producidas por pequeños productores forman parte de este desafío. Los gobiernos deberían reconocer también que la agricultura a pequeña escala requiere políticas especiales relacionadas con la conservación de la tierra, tecnología apropiada (incluyendo biotecnología), investigación agrícola y créditos y subsidios.

Además de las enormes disparidades en los niveles de desarrollo agrícola que existe en los diversos países del hemisferio, hay una gran diferencia en los montos de subsidios y otros tipos de asistencia que los gobiernos asignan a la agricultura. De ese modo, cualquier tipo de acuerdo de liberalización agrícola debe incluir medidas concretas que armonicen la asistencia financiera agrícola hacia arriba, con el objetivo final de asignar un monto similar expresado como porcentaje del PIB.

La inserción de un país en la economía global requiere la modernización de su capacidad de producción agrícola, de habilidad administrativa, de redes de comercialización y distribución, de investigación científica e innovación tecnológica y del manejo de la información.

Leyes y regulaciones diseñadas para asegurar normas sanitarias y fitosanitarias para garantizar productos de alta calidad y protección para los consumidores y el medio ambiente deberían alcanzarse a través de una amplia consulta a los ciudadanos. Estos estándares deben considerar la diversidad de las naciones para establecer un calendario realista en la homologación hacia arriba.

Los trabajadores y trabajadoras agrícolas son frecuentemente objeto de abusos e injusticias. Las demandas fundamentales del movimiento sindical y organizaciones campesinas del hemisferio son las siguientes:

Garantía y protección que permita la libre organización de estructuras sindicales en el sector rural.
La promoción de normas que permitan la negociación de salarios y otras condiciones de trabajo, a través de un sistema eficiente de negociación colectiva.
Reconocimiento al trabajo asalariado y no asalariado de la mujer, tomando en consideración la asunción de responsabilidad desigual asignada a la mayoría de las mujeres en la crianza de los niños, el cuidado de la familia y el trabajo doméstico.
La consideración de normas específicas de estándares de salud y seguridad, vinculadas, por ejemplo, con los efectos químicos sobre los trabajadores y trabajadoras del campo.

La protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible sólo pueden ser promovidos a través del mejor uso posible de los recursos naturales y de un monitoreo apropiado de las actividades productivas, especialmente de aquellas que tienen efectos significativos. En este sentido, la lucha por la reforma agraria se torna indispensable, y la demanda en favor de la reforma agraria en América Latina y el Caribe debería recibir apoyo masivo.

Acceso a mercados y reglas de origen

Antecedentes

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Los objetivos de la reciente ola de acuerdos de libre comercio ha sido el levantamiento recíproco de aranceles comerciales entre las naciones, sin considerar los niveles de desarrollo de los países ni los particulares intereses nacionales. El principio dominante de estos acuerdos ha sido el concepto de "trato nacional" el cual implica exigir que los gobiernos den trato similar a los extranjeros, sus productos e inversiones que a los nacionales. La liberalización comercial no debe ser un fin en sí mismo ante el cual deba sacrificarse todo. En su lugar, el acceso a los mercados para las inversiones y los productos foráneos debe ser claro, estable y previsible, pero negociado en el marco de los planes nacionales de desarrollo.

Principios rectores

El complejo proceso de reconciliar los planes de desarrollo nacional con las reglas internacionales de comercio debe considerar las siguientes materias.

Los diferentes niveles de desarrollo entre los países son una justificación para hacer valer el principio de la no reciprocidad y búsqueda de trato preferencial en el acceso a los mercados. Para ello, la Carta de Derechos Económicos y Deberes de los Estados (ONU 1974), en sus artículos 2, 14, 17 y 18 establece las bases jurídicas y socio-económicas para demandar un tratamiento justo (no igual). El trato igual entre desiguales conduce a la desigualdad.

La estrategia de desarrollo debe ser multifacética y no asumir al mercado internacional como único dinamizador de la demanda. Es indispensable valorar el mercado interno que genera un círculo virtuoso entre la elevación del nivel de vida de la población y el crecimiento de la economía. La vinculación entre desarrollo económico y el consumo per cápita lleva inevitablemente al aumento de los estándares de vida de las mayorías. El combate a la pobreza y la búsqueda de bienestar deja de ser sólo una exigencia ética y de justicia social y se convierte en una palanca para el desarrollo.

Cuando los mercados internos son fuertes y las economías nacionales no dependen sólo del mercado internacional, se crean las condiciones para negociar una apertura al comercio externo sin adoptar una postura entreguista

El acceso permanente y predecible a los mercados internacionales es importante para promover el crecimiento productivo y mantener cuentas externas sanas, lo cual implica que las necesarias importaciones sean financiadas por un fuerte y competitivo sector exportador. De todos modos, la acción del mercado sólo opera para eliminar a los productores no-competitivos; la liberalización comercial en sí no crea capacidad productiva fuerte y competitiva. El desarrollo y la competitividad requieren políticas concretas con objetivos, metas e instrumentos claros. Los Estados tienen la responsabilidad de asumir estos desafíos; los acuerdos no pueden inhibirlos para fijar políticas de promoción y eventualmente de protección a ciertas industrias estratégicas para alcanzar un desarrollo nacional justo y sustentable.

En la época actual el problema fundamental que dificulta el acceso a los mercados de los países desarrollados no son las barreras arancelarias, sino las llamadas barreras técnicas al comercio. Las negociaciones comerciales deben resolver este problema.

El objetivo central de las negociaciones debe ser el establecimiento de reglas claras y justas, que permitan el acceso a los mercados de forma permanente y previsible y redunde en beneficios a los consumidores, generación de empleos y bienestar para la población, fortalecimiento de la planta productiva y protección del medio ambiente.

Objetivos específicos

1. Aranceles

Los productores y la sociedad en general deben acordar un proceso ampliamente participativo y transparente para establecer plazos y los productos sujetos a desgravación arancelaria.

Los calendarios internos de apertura comercial y desgravación arancelaria deben ir acompañados por programas coordinados para asegurar que en los tiempos pactados las industrias nacionales devengan competitivas. Estos programas deben incluir asesoría, capacitación, investigación y desarrollo de tecnología y créditos de largo plazo. Los programas sectoriales deben acompañarse de un plan nacional de desarrollo con el compromiso del Estado de crear condiciones macro-económicas que favorezcan la competitividad. Para los países subdesarrollados, la apertura comercial sin política industrial es suicida.

Garantizar la congruencia arancelaria entre las cadenas productivas con el objeto de evitar desventaja para cualquier sector. Esto podría suceder si los aranceles sobre un producto final fuesen eliminados sin la correspondiente reducción de impuestos a la importación de sus insumos intermedios.

Mantener el derecho de imponer requisitos de desempeño, previamente acordados, claros y transparentes en conjunción con programas de reducción de aranceles.

2.- Normas y medidas no Arancelarias

Las medidas no arancelarias se caracterizan cada vez más como normas de diversa índole: las relativas a calidad, procesos, cumplimiento de especificaciones fitosanitarias (certificando la ausencia de agentes infecciosos o de enfermedades en las plantas), certificados de origen, productos orgánicos (libre de fertilizantes, tóxicos, etc.), protección y cuidado del ambiente, estándares laborales, pago de salarios mínimos, prohibición del trabajo infantil y forzoso.

Estas normas, legítimas y justificadas en razones de la calidad, cuidado de la salud y del medio ambiente y derechos de los trabajadores, también han sido utilizadas como traba encubierta al libre flujo comercial de productos de los países en vías de desarrollo hacia los desarrollados. Han sido impuestas con carácter unilateral y pueden representar la voluntad de empresas y de sus promotores (lobbyists) para que los gobiernos impongan sanciones proteccionistas sobre bienes y/o servicios de otros países. El desafío es, entonces, eliminar la discrecionalidad y arbitrariedad de esas medidas para asegurar que representen intereses legítimos y no protecciones encubiertas a empresas específicas.

Las leyes, regulaciones, guías y normas orientadas a garantizar la calidad de los productos y servicios para la protección del consumidor y del medio ambiente deben ser pactadas mediante una amplia consulta ciudadana. Estas normas deben tomar en cuenta la diversidad de situaciones entre países y proponer plazos realistas para poder ser exigidas. Deben inscribirse en amplios acuerdos de cooperación científico-tecnológica para el desarrollo industrial, sobre todo en relación con los países en vías de desarrollo y a las pequeñas, medianas y micro empresas, así como a las empresas de carácter social. Estos acuerdos, con el respaldo de recursos apropiados y de pactos sectoriales específicos, lograran elevar las normas a través del consenso internacional.

Las disposiciones deben asegurar que las empresas multinacionales cumplan con las normas más altas, impidiendo así que estas empresas vendan productos prohibidos en sus países en otros donde las leyes sean más laxas o las normas menos estrictas. Consideramos que sólo mediante consultas y negociaciones con amplia participación democrática de los ciudadanos se podrán adelantar los intereses legítimos de los consumidores. Estos intereses incluyen mantener altos estándares de calidad, protección a la salud y al medio ambiente y que se eviten las medidas unilaterales de protecciones ilegítimas y encubiertas.

3. Procedimientos aduaneros

Se deben armonizar los regímenes aduaneros a la par de una modernización en la materia, que permita la desburocratización y simplificación de sus procedimientos. Se deben proveer apoyos al sector social de la economía, así como a los micros, pequeños y medianos productores y aquellos empresarios vinculados con actividades de comercio exterior.

Los criterios de valoración aduanera deben vincularse e integrarse con aquellos referidos a prácticas de dumping y subvenciones, regulación y represión del fraude, sistemas de recolección de datos y mecanismos de resolución de controversias.

4. Reglas de origen

Las reglas de origen son los requisitos que un producto debe cumplir para ser considerado originario de un lugar o zona, lo cual determina su comercialización transfronteriza bajo los acuerdos de libre comercio. La tendencia de los acuerdos de libre comercio es a establecer reglas de origen regional, es decir, exigir que un producto tenga un determinado porcentaje de componentes o insumos de la región. Pensamos que deben basarse fundamentalmente en la exigencia de un contenido nacional, sin excluir la posibilidad de que se pacten exigencias de contenido regional o sub-regional en el hemisferio. Esta exigencia o principio se complementa con lo que hemos propuesto en el capítulo sobre inversiones extranjeras en relación con la obligatoriedad de las empresas extranjeras de adquirir un porcentaje de sus insumos en el país.

En ausencia de reglas de contenido nacional, la liberalización comercial sólo favorecería la integración intra-firma y propiciaría una desconexión de la cadena productiva nacional. Es decir, las grandes empresas exportadoras, al no tener algo que las incentive a comprar sus insumos en el país, se abastecen de importaciones y con ello su crecimiento ya no tiene efectos de arrastre sobre otras ramas productivas, aun cuando la producción aumenta. En el modelo neoliberal se supone que el motor del crecimiento económico es el sector exportador, pero en la práctica este sector es como una locomotora desconectada de los carros del tren. En los hechos, este tipo de reglamentaciones sobre reglas de origen que sólo exigen contenido regional están convirtiendo la planta productiva de muchos países del sur en maquiladoras.

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